¿A qué tipo de movilización está llamando?, ¿Por qué justo ahora? ¿habrá crisis institucional?, ¿qué puede hacer EEUU? Cuatro preguntas que discutimos con expertos para entender la abrupta renuncia del Fiscal
“Este desafío al orden jurídico no puede ser refrendado por el suscrito. Mi conciencia y mi devoción por el Estado de Derecho me lo impiden. Por ello he presentado renuncia irrevocable al cargo de Fiscal General de la Nación. Exhorto a la ciudadanía a movilizarse con determinación por el restablecimiento de la legalidad y la defensa de la paz, en un marco de justicia especial que exhale confianza para todos los colombianos y no para unos pocos y, particularmente, para todas las víctimas del conflicto”.
Con esas palabras Néstor Humberto Martínez renunció como Fiscal General de la Nación ante la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz de otorgar la libertad al excomandante de las Farc, Jesús Santrich. A partir de esta decisión nos surgen cuatro preguntas claves:
Las palabras importan: desde que Martínez llegó a la Fiscalía, su estrategia de comunicaciones ha calculado cada palabra. Por eso, su llamado a una movilización ciudadana llama la atención. ¿De qué tipo de movilización está hablando?
Lo primero que podría decirse es que es un llamado a una contra movilización, es decir, en contra de las que organizaron ciudadanos, en enero de este año, para exigir su renuncia por el escándalo Odebrecht en el que el Fiscal –ahora ex, aunque falta que la Corte Suprema avale esa renuncia– estaba involucrado. Al final, no fue la movilización ciudadana la que logró su renuncia, fue la JEP. Ahora, Martínez podría convertir esta movilización en una en apoyo hacía él y a sus posiciones. Falta ver si lo logra.
Lo segundo es que en su discurso final, Martínez apeló a dos cosas a las que suelen apelar la mayoría de aspirantes a políticos: a la unión nacional y a su ética. Antes de ser fiscal, Martínez había mostrado interés en ser presidente, ¿su renuncia y su discurso podrían abrir la posibilidad de revivir esta aspiración? Teniendo en cuenta, además, que en el último año, el uribismo y el Fiscal se volvieron aliados en sus críticas al Acuerdo de Paz.
Y lo tercero es que este llamado coincidió con uno del uribismo por una Asamblea Nacional Constituyente, el mecanismo que les permitiría realmente cambiar la correlación de fuerzas institucionales frente al poder de las Cortes. Primero fue el Senador José Obdulio Gaviria, que en un trino llamó a Martínez “patriota” y le metió presión al Presidente para que llame a una constituyente: “ahora tiene la palabra Iván Duque. ¿La Constituyente?”. Después llegó un comunicado del Senador antioqueño Santiago Valencia: “gran oportunidad del (sic) Presidente Iván Duque para liderar la reforma a la justicia a través de una Asamblea Nacional Constituyente”, escribió.
No es la primera vez que el uribismo propone una Constituyente, un acuerdo para reformar la Constitución política. El año pasado, Ernesto Macías, presidente del Senado, propuso una para tramitar las reformas, política, Justicia y ajustar Acuerdo de Paz ante lo que él llamó “presiones de las Cortes”. Y el propio Álvaro Uribe lo hizo en 2015 como mecanismo para implementar los Acuerdos de Paz con las Farc antes de la firma.
El lío es que aunque se puede convocar una Asamblea Constituyente para hacer cambios puntuales a la Constitución, uno sabe cómo empieza pero no como termina. Es decir, en su trámite, toda la Constitución puede ser sujeta de cambios y eso es peligroso. Tampoco parece tan fácil. Duque no tiene mayorías en el Congreso ni un respaldo popular obvio para lograrlo. En todo caso, el Presidente no ha mencionado esa posibilidad por ahora.
A pesar de que la decisión que precipitó la renuncia de Martínez a la Fiscalía fue la libertad de Santrich, en las últimas semanas se han movido varios casos en la justicia sobre los que tiene cuestionamientos.
Lo primero que hay que decir es que Néstor Humberto no fue el único en renunciar. También lo hizo la vicefiscal María Paulina Riveros. Ambos estaban a la espera de la decisión que tomaría la Corte Suprema de Justicia de apartarlos o no de todos las investigaciones relacionadas con Odebrecht (el fiscal ad-hoc que nombró Duque sólo tenía tres de las 18 que conforman el expediente). La petición había sido hecha, entre otros, por el abogado de Luis Fernando Andrade, expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, pues consideraba que con ellos no se tenían “las garantías judiciales de imparcialidad, desinterés, mesura, serenidad y objetividad”.
Para hacerle frente a las críticas, Martínez y Riveros se habían declarado impedidos para tratar todos los casos de Odebrecht. Sin embargo, solo lo hicieron después de la petición del abogado de Andrade y de todas las movilizaciones sociales que pidieron la renuncia del exfiscal. La decisión de la Corte hubiera podido apartar a al exfiscal y a la ex vicefiscal de las 15 restantes. Un golpe de opinión nada fácil de asimilar.
A eso se suma la decisión que tomó hace algunas semanas el juez que condenó al ex presidente de Corficolombiana, José Elías Melo, y que pidió investigar –entre otros– a Luis Carlos Sarmiento Junior, el hijo de Luis Carlos Sarmiento Angulo, el hombre más rico del país, socio de la corrupta Odebrecht en el contrato más grande que tenía en Colombia y amigo personal de Martínez. Esto le ponía presión al Fiscal, que era el que tenía que investigar a Sarmiento Junior.
Y el martes, el congresista uribista Edward Rodríguez, que preside la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes (la única que puede juzgar a personajes con fuero como el Fiscal o los magistrados de las Cortes) dijo que Leonidas Bustos era “el cerebro detrás del Cartel de la Toga” y por lo tanto, debía ir a juicio. Se trata del entramado de corrupción que estalló en 2017 en el que se investiga supuestos pagos para influir en procesos judiciales en los que se han visto envueltos varios ex congresistas, altos miembros de la rama judicial y el corrupto ex fiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno. La noticia muestra que el cerco de la justicia se está cerrando en torno a Bustos, lo que podría terminar perjudicando a Martínez porque hay varias denuncias, incluyendo columnas de Daniel Coronell que afirman que Bustos ayudó a Martínez en su campaña para llegar a la Fiscalía y a cambio, Martínez nombró a Moreno en la Fiscalía.
A pesar de que todas estas investigaciones avanzaron, ninguna estaba cerca de afectar al Fiscal directamente todavía y en caso de que así fuera, él podía usar su fuero constitucional para protegerse. Aún así decidió renunciar. ¿Por qué? Aunque él ha insistido en que su conciencia no le permite acatar la decisión de la JEP, estos hechos abren la puerta para dudar. “Lo que hizo el Fiscal es levantar una polvareda y envolverse en la bandera de Colombia para evitar problemas”, opina por ejemplo un académico que ha puesto la lupa sobre la JEP pero pidió la reserva sobre su nombre porque su trabajo le impide tomar posiciones políticas en público.
La renuncia de Martínez se dio como respuesta a una decisión de un órgano independiente de la Justicia. Eso manda un mensaje muy fuerte. No solo porque es un caso inédito en los años recientes sino porque se da en medio de conflictos entre el bloque del Gobierno, la Fiscalía y Estados Unidos y las Altas Cortes en Colombia. Y que involucran decisiones claves como las objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP que ahora están en la cancha de la Corte Constitucional.
Para la muestra un botón: luego de que la vicepresidente, Marta Lucía Ramírez, dijera que respetaba la autonomía de Estados Unidos para retirar las visas de unos magistrados, el martes, las tres presidentas de las Altas Cortes hicieron una declaración conjunta para exigir el respeto a la imparcialidad de los jueces y la no politización de la justicia. Allí estuvieron Gloria Ortíz, de la Corte Constitucional, Patricia Linares de la JEP y Lucy Bermúdez del Consejo de Estado. “No es un tema de visas”, dijeron, “es un tema que inquieta, la existencia de un contexto de presiones”.
“Creo que es la primera vez que las Altas Cortes de la justicia ordinaria se reconocen como parte de un mismo aparato de justicia frente a una Corte de Justicia Especial. Están cerrando filas contra los ataques políticos del Gobierno, el Centro Democrático y de Estados Unidos”, le dijo a Cerosetenta el mismo académico.
Es un hecho poderoso que muestra el peso de la Constitución y de la separación de poderes incluso ante decisiones que son polémicas, que van en contra de las mayorías que respaldaron la campaña de Iván Duque y de la capacidad de movilización del uribismo. Una situación similar a la que se vivió a finales del Gobierno de Álvaro Uribe por el choque de trenes que desató la intención de Uribe de reelegirse por segunda vez.
Por eso, la pregunta no es sólo si habrá crisis institucional por el choque de trenes sino qué tan grande podría ser. Por ahora, la decisión de la JEP de no extraditar a Santrich está en firme, aunque la Procuraduría y el Gobierno anunciaron que apelarán la decisión. Además, Duque convocó a los partidos políticos para presentar reformas» pero no tiene mayorías en el Congreso como se demostró en los debates por las objeciones a la Estatutaria de la JEP. Y queda el camino de la Constituyente que ambientan sectores uribistas.
Nada, según el profesor de la Universidad Javeriana, Norberto Hernández, experto en derecho penal y criminología. La decisión de la JEP deja sin piso jurídico cualquier nuevo intento de extradición contra Jesús Santrich por los hechos de narcotráfico de los que se le acusaba.
Lo que sí es cierto es que, por ahora, Estados Unidos pierde un aliado clave que estaba en una posición estratégica. Martínez, junto con los norteamericanos, era uno de los más interesados en cumplir con el propósito de extraditar a Santrich. De hecho, en el comunicado en el que anunció su renuncia, el ahora exfiscal afirmó que la de la JEP fue una “decisión que desafía la evidencia aportada por Estados Unidos y por esta Fiscalía” y “hace trizas la cooperación judicial internacional”, lo que muestra la preocupación de Martínez por los efectos que puede tener esta decisión en el Gobierno gringo. Sobre todo después del escándalo que causó que ese Gobierno le revocara las visas a un representante, dos magistrados de la Corte Constitucional y uno más de la Corte Suprema. Aunque algunas ya han sido devueltas, las mismas Cortes lo calificaron como una presión indebida. A eso se suma que antes de los debates sobre las objeciones a la Ley Estatutaria, el embajador Kevin Whitaker le insinuó a senadores y representantes a la Cámara que, de no ser aceptadas las objeciones relacionadas con la extradición, Estados Unidos disminuiría el dinero de cooperación que le da a Colombia.
