La crisis económica que desató el Covid-19 rompió todos los libretos: no se desencadenó como coletazo de una crisis financiera internacional, ni porque haya habido una alteración abrupta en el mercado cambiario (aunque también, simultáneamente, sucedió eso), ni por una caída en la demanda de un producto colombiano. Tampoco se trata de uno de los ciclos usuales de contracción y expansión de la producción nacional a los que estamos acostumbrados en las economías modernas. Para ese tipo de crisis económicas hay recetas conocidas y que funcionan, como bajar las tasas de interés cobradas por el banco central o incrementar el gasto del Estado para estimular la economía.
Las recetas de siempre se quedan cortas porque la del Covid-19 es una crisis en la que, por medidas sanitarias, los países están intencionalmente deprimiendo sus economías: les están diciendo a sus ciudadanos que se queden en la casa, así eso implique que no puedan trabajar. Por eso, son insuficientes ciertas respuestas tradicionales de política económica, como bajar las tasas de interés para que haya créditos más baratos, o darle plata a la gente a través de alivios tributarios para que salga a gastar. No tiene sentido –por keynesiano que uno sea– acudir a soluciones diseñadas para estimular la economía cuando, precisamente, lo que se busca es desestimular todo tipo de actividad económica que implique la cercanía física a otras personas, evitando así la expansión descontrolada del virus.
Es un hecho que el ingreso nacional va a caer a causa de las medidas sanitarias. Y está bien que así sea: para proteger vidas tenemos que poner a la economía en un coma inducido. La pregunta que se están haciendo cientos de economistas académicos en el mundo es cómo se puede preparar a las economías para que, cuando se superen las medidas sanitarias de aislamiento preventivo, regresemos a la normalidad con rapidez. El objetivo es inducir el coma sin que se muera el paciente, y por el tiempo que sea justamente necesario, para que cuando estemos listos para sacarlo, la economía esté lo más saludable posible.
El riesgo más grave en este momento es que se acaben relaciones económicas claves, que estarán a riesgo hasta que se termine la emergencia que desató la pandemia. Un ejemplo son las relaciones laborales. No tiene ningún sentido que haya despidos masivos, porque apenas la gente pueda volver a salir a la calle, todos los negocios deberían poder retomar su operación. Tampoco es deseable que los negocios se vean obligados a declarar bancarrota por una situación que es temporal. Sin embargo, para allá vamos: sin clientes en la calle no hay ventas, sin ventas no hay ingresos, y sin ingresos se nos vienen despidos y quiebras masivas.
Para ningún país es deseable que los negocios que componen su economía se quiebren y les toque volver empezar de cero, porque ese es un proceso largo y tendido. ¿Qué debemos hacer? La respuesta que está generando consenso entre los economistas académicos es que en este momento se necesita del apoyo estatal para subsidiar las nóminas de los negocios, e incluso otros de sus gastos, con recursos públicos. Así, las empresas no tendrán que despedir a sus empleados ni declararse en quiebra. Pero, por supuesto, todo esto cuesta una gran cantidad de dinero.
El objetivo es inducir el coma sin que se muera el paciente, y por el tiempo que sea justamente necesario, para que cuando estemos listos para sacarlo, la economía esté lo más saludable posible.
Para financiar los gastos relacionados con el Covid-19, los gobiernos han tomado diferentes decisiones. El colombiano, por ejemplo, creó el Fondo de Mitigación de Emergencias, Fome, a través del decreto 444. Ha sido un decreto polémico, pero lo cierto es que se trata de un primer paso para que el Estado maneje esta crisis económica, porque le da facultades al Gobierno para utilizar recursos y tomar medidas de emergencia.
Según el decreto, los recursos del Fome vendrán de dos fuentes: el Fondo de Ahorro y Estabilización, FAE, que es un mecanismo que permite ahorrar recursos de regalías cuando el precio del petróleo está caro para invertirlos cuando el barril está barato, y el Fonpet, que es un fondo para las pensiones de los empleados de entidades territoriales. En últimas, el Gobierno está pasando plata de un bolsillo a otro, y lo está haciendo con la promesa de que la va a devolver. Como se trata de un préstamo, no es cierto que el Gobierno les esté quitando recursos a las entidades territoriales.
La razón para tomar estas medidas es simple: el Gobierno necesita liquidez. Necesita fondos para atender la emergencia del Covid-19. Otra opción sería endeudarse, pero en medio de una crisis económica mundial y con el precio del dólar por las nubes, esta opción resulta muy costosa. Por eso, el decreto 444 es una manera razonable de conseguir recursos rápido y sin que le cueste mucho al país. Además, es una de las pocas medidas que puede tomar el Gobierno y que dependen de él y no del Banco de la República.
Un problema de transparencia
Aún así, el decreto preocupa. No porque no sirva para lograr su cometido —aunque probablemente el Gobierno va a necesitar más recursos—, sino porque implica darle un cheque en blanco al Ministerio de Hacienda para que gaste esos recursos. Este problema ni es nuevo ni se limita a este Gobierno: todos los años, cuando el Congreso discute el presupuesto general de la nación, los colombianos le otorgamos algo cercano a un cheque en blanco al Ministerio de Hacienda: los rubros de gasto son tan generales que le permiten al Ministerio mucha mayor discrecionalidad que lo que observamos en países con un proceso presupuestal más transparente. Con los recursos para el Fome pasa algo parecido. Y por eso, nuevamente, tendremos que cruzar los dedos para que el Ministerio de Hacienda haga un un uso adecuado de estos recursos.
Hasta ahora, la polémica sobre el decreto se ha centrado en el hecho de que es el Gobierno central, y no los entes territoriales –las alcaldías y las gobernaciones–, el que va a administrar los recursos provenientes del FAE y el Fonpet. Es una discusión relevante, pero no urgente. Lo urgente ahora es que la sociedad civil y el Congreso de la República le pidan al Gobierno más transparencia en la forma en la que se van a gastar esos recursos. Porque como está, el decreto está otorgando facultades extraordinarias al Ministerio de Hacienda en términos muy amplios y gaseosos.
Por ejemplo, el decreto faculta al Ministerio de Hacienda para proveer financiamiento a empresas privadas, públicas y mixtas que desarrollen actividades de interés nacional. Es una buena medida, una que incluso hemos recomendado desde el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. Pero los términos en los que se plantea son tan generales que en ellos cabe casi cualquier cosa. ¿Qué es exactamente lo que se planea hacer con esos fondos? Hoy sabemos que varios países en el mundo, como Dinamarca o Países Bajos, están aprobando leyes para financiar las nóminas de las empresas. ¿El Estado colombiano va a hacer algo parecido con este decreto? Nada parece impedírselo, pero tampoco hay indicaciones precisas en el decreto que nos den luces de lo que va a hacer.
Tendría mucho más sentido expedir normas precisas y transparentes que dirigieran la inversión de estos recursos a medidas más específicas. Hacerlo valdría la pena para evitar posibles abusos y para generar confianza en la ciudadanía en lo que respecta al uso adecuado de los recursos públicos.
Los que siempre ganan, los que siempre pierden
La otra gran preocupación que ha generado el decreto es que servirá para “efectuar acciones de apoyo de liquidez transitoria al sector financiero”, es decir, a los bancos. La gente en Colombia desconfía del sector financiero, y tiene razones para hacerlo: este sector hoy está controlado casi en su totalidad por dos grandes grupos bancarios (el Grupo Aval y el Sindicato Antioqueño). Y cuando hay una concentración tan fuerte del mercado, la teoría económica sugiere que habrá escasez de los servicios que vende el sector financiero, al igual que precios más altos de los que habría en un mercado de competencia perfecta. En otras palabras, es de esperarse que con un sector financiero altamente concentrado haya altas tasas de interés y cuotas de manejo, y menos oferta de crédito que la que podría haber.
Lo cierto es que en este momento, nos guste o no, las medidas que se están tomando para atender la emergencia requieren la participación del sector financiero, al cual no podemos reformar en unas semanas. Por eso, de nuevo, al decreto 444 le falta de especificidad: que todos sepamos de antemano cómo se van a usar los recursos de los que trata, y específicamente qué beneficios le va a traer al sector financiero, para que no haya sorpresas en medio de un ambiente enrarecido y con una creciente y justificada desconfianza hacia este sector.
Varios países en el mundo están aprobando leyes para financiar las nóminas de las empresas. ¿El Estado colombiano va a hacer algo parecido con este decreto? Nada parece impedírselo, pero tampoco hay indicaciones precisas que nos den luces de lo que va a hacer.
La otra preocupación que trae la crisis son los trabajadores informales que hoy representan la mitad de la fuerza laboral en el país, y son los más vulnerables ante las emergencias económicas, porque dependen del diario para sobrevivir. El Gobierno ya anunció que va a tomar medidas para aliviar a este segmento de la población. Por un lado, hará pagos adicionales a los beneficiarios de programas como Familias en Acción, Jóvenes en Acción o Colombia Mayor, que son mecanismos para hacer transferencias directas a las familias más económicamente vulnerables y que trabajan en la informalidad. Y por otro, promoverá la rápida devolución del IVA.
El problema, sin embargo, es que no todos los trabajadores informales están en esos programas. Y el Gobierno no tiene aún la capacidad operativa para llegar a todos ellos. Otra vez, esta no es una situación nueva. Es una consecuencia de viejas ineptitudes del Estado colombiano y de su diseño institucional, que ahora nos están pasando factura como sociedad. Porque si toda la población trabajadora del país estuviera formalizada, no sería difícil hacer transferencias directas a los más económicamente vulnerables: se podrían usar, por ejemplo, mecanismos como los que se usan para cotizar a la seguridad social para tener un censo exacto de quiénes son, cuánto necesitan y cómo llegar a esas personas.
El esfuerzo adicional que tendrá que hacer el Estado para llegar a estas familias es fundamental y, como todas las demás medidas para atender la crisis, será costoso. Ya tendremos tiempo, cuando salgamos de la pandemia, para preguntarnos cómo hará el Estado para pagar las deudas en las que está incurriendo – las que va a contraer con el FAE y el Fonpet, y las otras que probablemente están por venirse. Por ahora, sabemos de antemano que tendrá que generar un recaudo adicional, y eso, seguramente, se traducirá en otra reforma tributaria. Esperemos que esta vez el país sí debata a fondo a quién le va a cobrar más impuestos. Es un debate que debe involucrar a todos los sectores de la sociedad y que debe cumplir lo que establece la Constitución: que el sistema tributario debe ser progresivo, o sea, que las personas de más altos ingresos deben contribuir un porcentaje más alto de sus ingresos que el que paga el grueso de la población.
Pero dejemos ese debate para más adelante. Por ahora, preocupémonos por que esta crisis no reduzca innecesariamente el tamaño del pastel que tendremos que repartirnos en años venideros.
