Una de las maneras más comunes de corrupción es la personalización de los contratos: el diseño de propuestas que le sirven —como un guante a medida— a un solo proponente. De acuerdo con la Auditoría General de la República, el número de contratos públicos otorgados a un solo proponente, tan solo desde enero de 2017 a enero de 2018, aumentó en un 143,43 %. El fenómeno está concentrado en la capacidad del Estado como oferente de exigir en sus pliegos destrezas que solo unos pocos, o unos cuantos, o un único, cumplen. La preocupación es tal que para mitigar el impacto se expidió el 15 de enero del presente año la ley 1882, por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la contratación pública en el país, la ley de infraestructura y otras disposiciones. Pero no fue suficiente.
La tercera pregunta de la Consulta Anticorrupción sugiere justamente que la contratación en el país sea transparente, pero de manera obligatoria: ¿Aprueba usted establecer la obligación a todas las entidades públicas y territoriales de usar pliegos tipo, que reduzcan la manipulación de requisitos habilitantes y ponderables y la contratación a dedo con un número anormalmente bajo de proponentes, en todo tipo de contrato con recursos públicos?
Parece complejo pero no lo es: usar ‘pliegos tipo’ traduce, de manera sencilla, estandarizar los requisitos para participar en una convocatoria. Igualarlos para que más personas puedan participar. Lo que sucede es que, generalmente, por tener términos de referencia amañados en estos pliegos, ajustados a las necesidades de quien sería el proponente que se espera gane un contrato, el Estado se reduce a operar en maquila despachando trajes hechos a la medida.
La Auditoría General de la República denunció que las ciudades que más contratan a dedo son Medellín, Cali, Cartagena y Barranquilla
De acuerdo con Vivian Newman, jurista e investigadora y actualmente subdirectora de Dejusticia, los ‘contratos sastre’, tejidos según la figura de quien se estima gane un concurso o licitación, no son solo nocivos porque evitan la competencia, que es útil, y también la pluralidad de oferentes; lo son también porque inducen a que los precios no bajen y que el servicio no sea el mejor. Sobre puntualizar en esta necesidad en la Consulta Anticorrupción, luego de haber instaurado la Ley 1882, es importante para Newman en tanto obligaría a que en el año siguiente el Congreso apruebe ‘contratos tipo’, no solo para obra pública e infraestructura, sino para todos los demás contratos como los de suministros, comodato, bienes muebles, etc.
Sin embargo, pese a que la Auditoría General de la República denunció que las ciudades que más contratan a dedo son Medellín, Cali, Cartagena y Barranquilla; otros informes señalan que las contrataciones mediante esta modalidad directa se concentran en la Gobernaciones y Alcaldías descentralizadas. El año pasado, Cúcuta y Arauca, como advirtió el exsenador Antonio Navarro, fueron las capitales líderes en contratar miles de millones de pesos con un solo oferente. Ya Diana María Espinosa Bula, quien fuera la presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI), había manifestado en declaración a prensa que entre “más de 1.100 municipios que hay en Colombia, tan solo 8 presentan un esquema de contratación en el que hay equidad”.
El Presidente Ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), Juan Martín Caicedo Ferrer, ha mencionado en múltiples ocasiones que si la Ley 1882 se cumpliera –o si se estuviera a favor de los ‘pliegos tipo’, los incluidos en la Consulta Anticorrupción–, los menos beneficiados serían los que se cobijan con la mafia de la contratación. En una de sus últimas columnas publicadas por el diario El Tiempo, en la que asegura que esta alternativa sería un antídoto contra la corrupción, Caicedo justifica la idea de “evitar a toda costa la manipulación de los pliegos licitatorios que, de manera desvergonzada, se da en ciertas regiones del país —municipios y departamentos— para favorecer a oferentes corruptos”.
Ferrer constituye una de las voces más activas en temas de prender alarmas por la corrupción enquistada y defender procesos de contratación transparentes. Él mismo ha acusado que el 76 % de los contratos en los departamentos se otorga en procesos a los que llega un único oferente y, en los municipios, la cifra ha alcanzado el 96 %. El dato, que lo arrojó en el cierre del Congreso de la CCI en Cartagena, a finales de 2016, no es muy diferente al actual: sigue este fenómeno representando la manzana podrida en tres de sus cuartas partes.
A pocos días de un proceso electoral en el que la papeleta de votación consta de siete preguntas para aprobar o rechazar, habría que tener en la cuenta que una de ellas, palabras más, palabras menos, propone que el Estado deje de ser una sastrería y se vea obligado a licitar de una manera tan transparente, que los proponentes parezcan desnudos.
