Documentos, audios y testimonios de oficiales y suboficiales del Ejército revelan aparentes irregularidades en la ejecución de un convenio firmado en 2014 entre Ecopetrol y la fuerza pública, concebido para que el Batallón Especial Energético y Vial (Baeev) número 21 en Putumayo cuidara la infraestructura petrolera. Parte de los recursos debían proveerle una nueva sede a este Baeev, que estaba operando desde otra dependencia.
Este tipo de convenios, regulados por la Resolución 5342 de 2014 del Ministerio de Defensa, permite que empresas minero-energéticas entreguen recursos a la fuerza pública para que garanticen la seguridad de la infraestructura minera y petrolera. Por lo general, el Ejército usa estos dineros para mejorar la infraestructura de instalaciones militares, bienestar de los soldados, capacitaciones en derechos humanos y compra de combustible. Sin embargo, varios de esos convenios han estado en el centro de procesos judiciales, disciplinarios y fiscales por presunta corrupción, en el que militares ejecutan los dineros que les dan compañías petroleras y mineras sin presentar los debidos soportes que garanticen la transparencia en la inversión. El caso del Baeev 21 es uno de ellos.
El teniente coronel en retiro, José Alexander Pedraza, actual director de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares en la regional Suroccidente, está imputado por la Fiscalía por la presunta comisión del delito de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales por este convenio, pues se desempeñaba entonces como comandante del Batallón de Apoyos y Servicios para el Combate (Baser) 27 en Putumayo.
La Fiscalía le imputó en 2021 el mismo cargo al mayor Rúlber Yesid del Río (jefe de operaciones del Baeev 21), al coronel Óscar Mauricio González (comandante del Baeev 21), a los sargentos José Mauricio Vargas (suboficial de convenios del Baeev 21) y a Gabriel Vargas Garzón (auxiliar de control interno). También imputó a los civiles Daniela Casanova, representante legal de la empresa Multiservicios Carvajal, y a su esposo, José Luis Carvajal, por el mismo delito. Su empresa había sido contratada por el Baser 27 para adecuar una casa dentro de la que sería la nueva sede del Baeev 21.
La Fiscalía encontró que esta remodelación no se habría realizado con recursos provenientes del convenio, aunque el Ejército, a través del Baser 27, sí le pagó a la empresa Multiservicios Carvajal de Colombia la totalidad del monto estipulado. Esta empresa, activa desde 2008 y con sede en Putumayo, tiene más de 10 años de experiencia ganando procesos de contratación con el Ejército. Su objeto social es el de realizar “mantenimiento y reparación especializada de equipo electrónico y óptico” y registra otras actividades de comercio al por mayor de equipo, partes y piezas electrónicas y de telecomunicaciones, según el registro de la Cámara de Comercio de Putumayo, una razón bastante alejada de las obras civiles.
Un documento de la justicia penal militar, que revisó el caso y que luego remitió a la Fiscalía Anticorrupción, cita un informe técnico realizado por el ingeniero civil y subteniente del Ejército, Mateo Quintero Orrego, en 2018, que señala que el trabajo fue realizado por la Brigada Especial de Ingenieros y que no hay evidencias de que la empresa Multiservicios Carvajal hubiese ejecutado la obra. El documento de la justicia penal militar dice que sí se realizó una obra de adecuación, pero diferente a la estipulada en el contrato, “con recursos propios del batallón de ingenieros” y no con los provenientes del convenio.
Sin embargo, según documentos obtenidos por Rutas del Conflicto y La Liga Contra el Silencio, los militares involucrados firmaron actas donde afirmaban que Multiservicios Carvajal sí había hecho entregas de obra parciales y totales.
Lo que mal empieza…
Hilarión Guerrero, otro contratista que compitió en el proceso en el que el Ejército escogió a Multiservicios Carvajal, señaló en un documento –que le envió al Baser 27– varias aparentes irregularidades en la selección. Esta alianza periodística revisó las observaciones del contratista y pudo establecer que Multiservicios Carvajal, efectivamente obtuvo el menor puntaje entre las candidatas, porque no tenía la experiencia necesaria ni póliza de seguros, según el acta de evaluación . La empresa tampoco fue avalada por el Comité Jurídico Evaluador, ni cumplía varios de los requisitos en el pliego de condiciones, como consta en un documento (ver página 15).
La Fiscalía encontró además que el Baser 21 y Multiservicios Carvajal firmaron el contrato el 12 de diciembre de 2016 (ver documento) y en tan solo 11 días, el 23 de diciembre, los militares ya habían producido actas de entrega a satisfacción (ver documento de la justicia penal militar). El pago de la totalidad del contrato, casi 258 millones de pesos, se realizó el 27 de diciembre, solo 15 días después de suscrito.
Sin embargo, militares que hacían parte de la oficina de convenios y el jefe del Estado Mayor de la Brigada 27, que reúne a varios batallones del sur del país y a la cual pertenecen el Baeev 21 y el Baser 27, el coronel retirado Edison Danilo Sánchez Leyton, reportaron a principios de 2017 que no encontraron soportes que justificaran la ejecución de la obra, e incluso señalaron que no existió una acta de inicio del contrato. El coronel no pudo verificar cómo estaba la casa antes o después de la obra, ya que no encontró facturas ni registro fotográfico.
El coronel González, que inicialmente firmó las actas de entrega de las obras, en marzo de 2017, se retractó ante sus superiores en un documento, en el cual señalaba que a la fecha, tres meses después de firmado el contrato y pagadas las obras, no se habían comenzado los trabajos de adecuación de la casa.
Los comandantes de los Batallones de Apoyo y Servicios para el Combate (Baser) son los responsables de los contratos que se firmen en cada región. El coronel retirado José Alexander Pedraza, hoy imputado por la Fiscalía, comandaba el Baser 27 y era el ordenador del gasto de estos contratos en Putumayo, cuando se firmó y se pagó el de Multiservicios Carvajal. Pero este no fue lo único que se firmó con esta empresa.
En la base de datos de contratación pública, consultada en octubre de 2022, figura que Multiservicios ha tenido al menos 14 contratos con diferentes organismos del Estado, de los cuales 10 los autorizó el Baser 27 y suman más de 1.200 millones de pesos. Esta empresa vendió al Ejército elementos médicos, chalecos antibalas y otros equipos de seguridad militar. También cobró por la adecuación de la casa del Baeev 21. Pedraza participó en la adjudicación y firmó varios de estos contratos.
Familiares de José Luis Carvajal y Daniela Casanova, al frente de Multiservicios Carvajal, tienen empresas en otros departamentos que contratan con el Estado, particularmente con el Ejército por sumas cuantiosas. Por ejemplo, Mark Vladimir Mora Carvajal, primo de José Luis, ha contratado con el Baser 27 la venta de repuestos para vehículos y lubricantes desde 2017, cuando comandaba Pedraza, hasta 2020. Multiservicios Carvajal presentó esta información como experiencia propia en el proceso de selección para la remodelación de la casa del Baeev 21(ver documento).
Otro militar retirado, un suboficial que fue trasladado a la oficina de convenios del Baser 27 en febrero de 2017, y quien prefiere no publicar su nombre por razones de seguridad, dijo que revisó la documentación y no existía ningún soporte de la adecuación de la casa. Recordó que reportaron la situación al coronel Sánchez, jefe de Estado Mayor y segundo comandante del Batallón de Operaciones Terrestres 27. “No encontramos documentos que respaldaran lo que decían que habían hecho”, dijo el militar.
El suboficial señaló que meses después recibió una nota: “Los sapos de esta oficina no se metan donde no les importa”, decía. El militar, quién fue retirado de la institución en 2019, denunció luego las irregularidades del contrato ante la Fiscalía y señaló que él y su familia han sido víctimas de seguimientos por hombres armados. “Ante los hechos tuve que dejar el país en enero de este año. Yo no tenía tranquilidad. La última vez mi hija vio a hombres armados vigilando, enfrente de la casa en la que vivíamos”, cuenta.
Los señalamientos a Pedraza
Varios audios de una fuente confidencial, obtenidos por esta alianza periodística, permiten deducir que el coronel José Alexander Pedraza llamó al coronel Óscar Mauricio González para insistirle que debía cambiar su versión, y ponerse de acuerdo con la empresa contratista en el proceso ante la Fiscalía. Una fuente independiente confirmó que las voces del audio son suyas. “El hombre me dice (el proveedor), hablemos el mismo idioma o si no, nos corre mierda es para todos (…) Que nos pongamos de acuerdo y decir que las cosas sí se hicieron (…) Yo lo digo es para salvar el pellejo para que a uno no lo metan en la cárcel (…) Ahí no hay nadie que lo salve a uno”, dice Pedraza.
En esos mismos audios, Pedraza hace un particular comentario sobre los presuntos vínculos entre el contratista y los militares. “Yo estuve hablando con este señor, con ‘el de abajo’, con el proveedor (…). Yo estuve hablando con este man y ese man me dice que él lo apoyó a usted también”, dice el coronel, ante lo cual González niega haber recibido dicho “apoyo”.
Hasta 2019, el coronel Pedraza tenía al menos cinco indagaciones disciplinarias internas dentro del Ejército por casos de manejos irregulares de recursos (ver documento).
Además de la imputación que le realizó la Fiscalía Primera Anticorrupción por la firma y ejecución de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales (ver documento) por el caso de la casa del Baeev 21, la base de datos de la Fiscalía General de la Nación reporta que Pedraza tiene otro proceso activo, vigente y en etapa de juicio (ver documento). Según explicó un funcionario de esta entidad, de quien se reserva su identidad por razones de seguridad, este registro indica que el coronel retirado está acusado formalmente por celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales.
Rutas del Conflicto y La Liga contactaron al coronel Pedraza varias veces vía Whatsapp y a su correo institucional como actual director de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares en la regional Suroccidente, pero no respondió. Finalmente contestó una llamada la segunda semana de octubre, pero dijo que “no podía decir nada” y pidió que no lo molestaran más con el tema. Pedraza fue nombrado en enero de este año en la dirección de esta entidad, que tiene un amplio manejo de recursos para el funcionamiento de la fuerza pública. Según datos de la misma Agencia, entre enero y junio de 2022 el presupuesto a nivel nacional ejecutado llegó a 764 mil millones de pesos.
La Agencia Logística de las Fuerzas Militares ejecuta contratos dentro de los mencionados convenios. Esta alianza periodística le consultó al Ministerio de Defensa si se habían tenido en cuenta todos los procesos judiciales que enfrenta Pedraza cuando lo nombraron como director en su cargo. La Agencia Logística fue noticia en 2021, cuando un juez condenó a su exdirector en los Llanos, el coronel retirado Roberto Dussan Mejía, a 15 años de cárcel por concierto para delinquir y cohecho en un caso de direccionamiento irregular de contratos.
La oficina de prensa del Ministerio señaló que la selección de Pedraza había ocurrido durante el gobierno del expresidente Iván Duque y su ministro Diego Molano. Además, los encargados del Ministerio explicaron que habían remitido la información reportada por esta investigación sobre el coronel Pedraza al área encargada.
El coronel Óscar Mauricio González, también imputado por la Fiscalía, pues firmó el acta de recibo a satisfacción de la cuestionada obra de adecuación de la sede para el Batallón Especial Energético, tampoco respondió las preguntas para esta investigación. Aunque contestó inicialmente vía Whatsapp en la primera semana de octubre, luego bloqueó los números de los periodistas. Esta alianza también le escribió desde febrero de 2022 a Daniela Casanova, representante legal de Multiservicios Carvajal, pero tampoco respondió.
El mayor Rúlber Yesid Del Río sí contestó y dijo que terminó firmando el acta de satisfacción del contrato por presión de sus superiores. “Yo estaba listo para comenzar el curso para ascender a coronel (…). Me dijeron que tenía que firmar, o si no, me sancionaban porque se perdía la plata y yo no quería dañar mi hoja de vida”, explica Del Río, que fue retirado del Ejército sin ascenso.
Del Río agregó que inicialmente se negó a firmar, pero su superior inmediato, el coronel Óscar Mauricio González, le dijo que procediera, que ya había hablado con el coronel Pedraza, quien le había asegurado que la obra comenzaría en enero de 2017. Del Río dice que no pudo confirmar si eso fue así, ya que fue trasladado junto a todo su batallón al Catatumbo.
“Uno no entiende cómo firman un convenio para apoyar la construcción de un batallón y luego trasladan a todos los hombres de ese mismo batallón. Yo me fui y no supe qué pasó con eso, hasta que me llamaron a decirme que me estaban investigando”, dice el mayor retirado. Ante la negativa de Pedraza y González a responder las preguntas de esta alianza periodística, no se pudo contrastar lo dicho por Del Río.
El oficial agregó que nunca participó en la etapa precontractual, ni en la adjudicación; nunca se reunió ni con el proveedor ni con el coronel Pedraza, ni hizo parte de ningún comité evaluador. “Simplemente firmé porque me lo ordenaron y porque vi que el coronel González ya había firmado otra acta de recibido. Yo puse varias denuncias al interior del Ejército para que se investigara todo esto y por eso me sacaron y no pude ascender”, dijo Del Río.
Más convenios sin soportes
Según una investigación que abrió en su momento el jefe de Estado Mayor y segundo comandante del Batallón de Operaciones Terrestres 27, el coronel retirado Edison Sánchez, la falta de documentos que respalden la ejecución de obras se repite en contratos de al menos 20 convenios que suman más de 24 mil millones de pesos. “Evidencio una serie de irregularidades administrativas (…), y denuncié ante la administración de Justicia Penal Militar relacionada con la ejecución de proyectos (…) para las instalaciones del comando Baeev 21, por un valor de 257.978.132 pesos, el cual resultó ser una obra fantasma”, dice Sánchez en una comunicación que envió a la Fiscalía, a la Contraloría y al Procurador delegado para la Fuerza Pública.
En el Sistema de Contratación Pública (SECOP) figuran convenios señalados por Sánchez en su informe. En las actas de liquidación de todos se registra que faltan varios soportes que respalden si las obras o servicios contratados se realizaron, o si los bienes adquiridos se entregaron. En estos documentos aparecen rubros que debieron invertirse en combustible, tiquetes aéreos, materiales de construcción, computadores y capacitaciones en derechos humanos para los militares, pero no hay facturas ni otro tipo de soportes que prueben su ejecución.
Tres suboficiales que estuvieron en las oficinas logísticas y de convenios en la Brigada 27 en 2017 le dijeron a esta alianza periodística que no encontraron documentos que sustenten la debida inversión de los recursos. “Dicen que hicieron un curso de derechos humanos, pero todos sabemos que no hicieron nada. No hay fotografías, listas de asistencia o cualquier cosa que lo pruebe”, dijo uno de ellos.
Esta situación es particularmente grave, pues varios destacamentos de la fuerza pública han sido señalados de violar los derechos humanos para favorecer a las empresas minero-energéticas que les dan recursos a través de estos convenios, como lo documentó otra investigación periodística de esta misma alianza llamada “Convenios de fuerza y justicia”.
Según algunos de los militares consultados, también faltan evidencias de que los contratados hayan cumplido con el Estado en convenios relacionados con el bienestar social de los soldados. Por ejemplo, la liquidación del convenio 13-075 (página 20), firmado entre Ecopetrol y el Ejército, por un valor de 55 mil millones de pesos, tiene 21 observaciones de la dirección de finanzas del Ministerio de Defensa Nacional que señalan falta de “soportes, balances y facturas”. En ese convenio se habían destinado 2.741 millones de pesos para construcción del casino del Baeev 21 en el Putumayo, pero solo se presentaron documentos que respaldaban la inversión de 1.928 millones (ver documento). No hay claridad sobre el destino de los 813 millones faltantes.
Por las presuntas irregularidades en el convenio 14-047, la Contraloría General de la Nación abrió una investigación en la que incluyó a varios militares como presuntos responsables fiscales, entre ellos el mayor general Francisco Javier Cruz Ricci, que fue hasta 2017 comandante de la Sexta División del Ejército. Esta alianza periodística contactó a la oficina de prensa de la Contraloría para verificar el estado de estas investigaciones, pero no respondió.
El brigadier general César Augusto Parra, quien reemplazó en 2017 a Cruz Ricci como comandante de la Sexta División, envió en junio de 2020 a la Contraloría una notificación donde amplió las denuncias. El ente de control respondió: “No se evidenciaron soportes que ampararan el gasto, especialmente los contratos derivados de los convenios de colaboración en Caquetá y Putumayo”.
En julio de 2019, el entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, llamó a calificar servicios a varios generales, entre ellos Cruz Ricci y César Augusto Parra. En los meses siguientes los dos generales se acusaron mutuamente de ser los responsables de los manejos de estos dineros entregados por Ecopetrol. Hasta octubre de 2022 ninguno tiene procesos penales abiertos por estos casos en la Corte Suprema de Justicia, el ente que investiga y juzga a los generales.
Rutas del Conflicto y La Liga consultaron al Ministerio de Defensa si tenían investigaciones internas por las presuntas irregularidades de estos convenios. “Se precisa que dentro del archivo de la dirección de convenios del Ejército no se encuentra la información solicitada”, fue la respuesta escrita de la institución a un derecho de petición enviado en mayo de 2022 (Ver respuesta).
También se consultó, vía derecho de petición, a Ecopetrol por las denuncias que habían hecho el coronel Sánchez y el brigadier general Parra a la Contraloría. La empresa respondió que “no tiene conocimiento de las denuncias realizadas por funcionarios del Ministerio de Defensa. Cada vez que los entes de control requieren información de los convenios, dichos requerimientos son atendidos por Ecopetrol, de acuerdo a lo solicitado”. “De llegarse a encontrar cualquier anomalía en los comités de seguimiento, el Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, deberá dar las respectivas explicaciones del caso”, agregó Ecopetrol (ver respuesta).
Tanto el coronel Sánchez como dos de los suboficiales en retiro entrevistados, señalaron que fueron separados de la institución luego de las denuncias y las investigaciones en las que participaron. “A mí incluso me degradaron en el cargo que tenía, luego de que mostré todo esto. Tengo una hoja de vida impecable y luego de señalar las irregularidades, simplemente me sacaron del Ejército”, señaló Sánchez.
Convenios poco transparentes
La falta de soportes que respalden el cumplimiento de estos contratos no se relaciona solo con los convenios mencionados en este reportaje. El proyecto “Convenios de fuerza y justicia” de Rutas del Conflicto y La Liga mostró que es una práctica recurrente, señalada en decenas de documentos de liquidación donde los comités de seguimiento, conformados por un representante de la Dirección de Convenios, una persona de la Unidad Militar y un representante de la empresa, no han encontrado respaldo de los gastos.
Reportes de prensa han mostrado que la Fiscalía y la Contraloría han abierto varios procesos a militares por el manejo de estos recursos. En abril de 2021, El Espectador encontró que la Fiscalía le había imputado cargos de peculado por apropiación en favor de terceros a un teniente coronel y otros dos militares por firmar actas en las que avalaban más de 100 horas de vuelo para soldados que nunca se realizaron. El pago por estas horas ascendió a más de 3.000 millones de pesos dentro del convenio 16-053 que ejecutó el Batallón Especial Energético y Vial (Baeev) número 6, en Boyacá.
Otro ejemplo es la apertura de una investigación por parte de la Contraloría General de la Nación a miembros de la Agencia Logística del Estado, por irregularidades en la construcción del Puerto Fluvial Avanzado de Infantería de Marina en Barrancabermeja, relacionada con un convenio entre la Agencia Logística y Ecopetrol.
Aunque existen procesos judiciales o ante los órganos de control como los ya mencionados, en la mayoría de los casos revisados por el proyecto periodístico “Convenios de fuerza y justicia”, no hay investigaciones abiertas. Además, la información para revisar estos convenios suele ser de difícil acceso en el SECOP. Los documentos públicos que se encuentran en el sistema apenas son legibles, pues muchos tachan parte de la información que el Ejército considera reservada (ver ejemplos). En el pasado Rutas del Conflicto y La Liga, acudieron a varias instancias judiciales para acceder a estos documentos.
Cuatro militares que han trabajado en la supervisión de estos convenios dentro del Ejército dijeron que es frecuente que estos recursos se conviertan en una caja menor para el gasto personal y familiar de oficiales. “Muchas veces quien hace el control está subordinado a los que deciden para qué se usa la plata. Siempre hay mucha presión dentro de la institución”, señaló uno de los entrevistados que trabajó en una oficina de convenios.
Según Andrés Hernández, director ejecutivo de la ONG Transparencia por Colombia, los contratos que involucran a las Fuerzas Militares pueden contener información sensible para la seguridad nacional, pero es clave que la ciudadanía haga un escrutinio y ejerza control, porque son recursos públicos en juego. “La institución debe tener en cuenta la justificación para entregar información. El tema del test de daño (una prueba que deben implementar las instituciones para justificar la información reservada) sigue siendo algo que no vemos suficientemente utilizado en este y otros sectores. Es necesario que la entidad argumente por qué lo hace y qué está protegiendo”, explica Hernández.
La corrupción alrededor de estos convenios no es el único problema. Ha habido denuncias contra militares que han violado los derechos humanos de líderes sociales que se oponen a acciones de las empresas que han firmado convenios de protección con el Ejército (ver el caso del líder ambiental Héctor Sánchez y líderes tratados como delincuentes). En la imputación que hizo la Sala de Reconocimiento de Justicia Especial para la Paz (JEP) a 22 miembros del Ejército por asesinatos de civiles que luego fueron presentados como bajas en combate en Casanare, se señaló que el dinero de estos convenios fue utilizado en estos crímenes (ver comunicado).
Funcionarios de la ONG internacional Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, que hace seguimiento a la labor de más de 10 mil compañías en el mundo, señalaron que existe una relación entre la falta de transparencia y la ausencia de control a las acciones de los miembros de la fuerza pública. “Las dificultades de acceso a la información propician su manipulación, el encubrimiento de pagos y actos de corrupción, que entorpecen la vigilancia estatal y ciudadana y construyen barreras para la efectiva investigación, sanción y reparación de violaciones de los derechos humanos”, señalaron los funcionarios.
Como lo muestra la investigación “Convenios de fuerza y justicia”, varias organizaciones sociales, entre ellas Indepaz y el Colectivo José Alvear Restrepo, han expresado su preocupación por los abusos y crímenes que se pueden derivar de esta forma de financiación de la fuerza pública por empresas petroleras y minero-energéticas. Aunque siguen las investigaciones por corrupción y violaciones de derechos humanos, estos convenios siguen vigentes, sin que el nuevo gobierno se haya pronunciado sobre su futuro.
