Luego de la alocución en la que el Presidente Iván Duque hizo seis objeciones a la JEP, políticos, abogados, gremios, uribistas, opositores y periodistas han tratando de explicar las implicaciones del anuncio. Mientras tanto, una encuesta que hizo el Centro Nacional de Consultoría para el noticiero CM& revela algo que los expertos ya intuían: más de la mitad de los colombianos no termina de entender de qué se tratan esas objeciones. Lo que sí parecen entender es que la decisión de Duque es política y no jurídica.
Le pedimos a Miguel García, experto en opinión pública y profesor de ciencia política de la Universidad de los Andes, que nos ayudara a entender cómo los colombianos formamos nuestras opiniones políticas en temas tan complejos y técnicos como la JEP. Y por qué, a pesar del paso de los años y de lo que digan las encuestas, la figura de Álvaro Uribe sigue siendo tan poderosa para movilizar las opiniones hasta el punto de promover, como dijo hace unos días, un fenómeno de opinión que diga, “Ya no más JEP”.
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En temas delicados como la Justicia Especial para la Paz (JEP), que son enredados, y que tiene tantos bemoles, la respuesta de la opinión pública está muy asociada a las posturas de las élites política y a la afinidad tenemos hacia ellas. Álvaro Uribe es un vocero que tiene una fuerte influencia sobre la ciudadanía y, por eso, casi que cualquier cosa que él endose encuentra el respaldo de una parte importante de la población.
De eso hay evidencia. Junto con dos investigadores de la Universidad de Berkeley hicimos un experimento y descubrimos que la opinión que tienen los colombianos sobre aspectos complejos del acuerdo de paz está muy influenciada por sus predisposiciones hacia algunas figuras públicas clave. En el experimento preguntamos por dos aspectos técnicos del Acuerdo de Paz: las circunscripciones especiales, que son curules adicionales en la Cámara de Representantes para organizaciones de víctimas en regiones golpeadas por el conflicto armado, y la JEP, que es el órgano de justicia que creó el Acuerdo para investigar y juzgar los delitos cometidos durante el conflicto. Durante la discusión de esos temas en el Congreso, Uribe endosó las circunscripciones especiales, siempre y cuando a ellas se pudieran presentar candidatos de todos los partidos. Por su parte, Juan Manuel Santos endosó y defendió la JEP. Esa información la usamos como pistas para los participantes. Además, les dimos información adicional sobre ambos temas y un contexto más amplio, buscando que ellos pudieran formar una opinión propia. Los resultados muestran que darles información no tuvo ningún efecto en la formación de sus opiniones. En cambio, sí tuvo un fuerte efecto la predisposición que cada persona tenía hacia la figura de Santos y Uribe. Es decir, alguien que de entrada tiene una favorabilidad alta hacia Santos o hacia Uribe va a apoyar lo que salga de su boca.
A pesar de que encuestas recientes como la Gallup muestran que la imagen desfavorable de Uribe es más alta que la favorable, el expresidente sigue siendo una figura con una influencia muy fuerte en la opinión pública. Además, la imagen del presidente Duque subió. Lo que puede estar pasando es que Duque, que ante la opinión pública es percibido como más conciliador, está jalando gente que tiene una opinión más visceral, más radical, de Uribe. Aún así, a estas mediciones se les escapa la intensidad del apoyo hacia estos personajes. ¿Qué significa una imagen favorable? ¿Que lo adoran, que lo ven como un buen líder o que simplemente les cae bien? Sabemos que Uribe mueve bastantes pasiones en sus seguidores y que, aunque hoy tenga una menor favorabilidad, sus seguidores son muy fieles. Él seguramente capitaliza mucho más efectivamente su influencia en la opinión que otros políticos con una imagen similar.
Los resultados muestran que darles información no tuvo ningún efecto en la formación de sus opiniones. En cambio, sí tuvo un fuerte efecto la predisposición que cada persona tenía hacia la figura de Santos y Uribe.
Ahora, no tiene la misma influencia que tuvo al finalizar su segundo período en la presidencia. En ese momento, justo después de radicar ante el Congreso su proyecto de referendo para aspirar a una segunda reelección, Uribe acuñó el término “estado de opinión”. Sabemos que la opinión mueve votos. En ese sentido, vivimos en un permanente estado de opinión, porque las opiniones de los ciudadanos sobre lo que sucede son importantes, son sensibles, mueven pasiones. Eso les da a los políticos un margen de maniobra importante para tomar decisiones. Eso ha existido siempre.
Pero, lo que intentó hacer Uribe cuando se inventó el concepto de ‘Estado de opinión’ fue suponer que la democracia puede responder a lo que piense la mayoría, independientemente de la protección a los derechos de las minorías. Es una versión complicada y peligrosa de la democracia porque es una forma de dictadura de las mayorías. Uribe era un líder muy popular, tenía una imagen favorable, del 68 %, y todo lo que él dijera generaba un apoyo muy fuerte. En ese momento, le convenía promover esa versión de la democracia.
Hoy en día no estamos en esa situación. Primero porque no nos gobierna Uribe aunque estamos viendo que cada día tiene más influencia sobre el gobierno de Duque. Segundo, Uribe no tiene los niveles de aprobación que tuvo en el 2009. Ha sufrido un desgaste. En eso contribuyó Santos, que consiguió cambiar la opinión de muchos que apoyaron los dos gobiernos de Uribe.
Aún así, lo que permanece en el expresidente es la idea de golpear el Acuerdo de paz desde el punto de vista de “las mayorías”. Ese ha sido el caballito de batalla del Centro Democrático después de que el NO ganó el Plebiscito. Según ellos, le tomaron el pelo a las mayorías. Por eso, golpear a la JEP es una forma de golpear los acuerdos y evidentemente lo están capitalizando.
Duque objetó la JEP tras los reclamos de Uribe y del Fiscal. Y después de que la Fiscalía reveló las imágenes de Carlos Julián Bermeo, ex fiscal de la JEP, embolsillandose unos fajos de billetes. Cabe preguntarse, como lo hizo la revista Semana, hasta qué punto la captura de Bermeo hizo parte de una emboscada para hacer caer un funcionario que tenía todo para caer y, de paso, seguir desprestigiando a una institución que no levanta cabeza. Sobre todo después de que el Fiscal Martínez reveló el lunes pasado que su caso no tiene nada que ver con el de Jesús Santrich, como lo anunció inicialmente la Fiscalía. Si esa captura fue un ataque, fue un ataque en contra de la JEP, un ataque a la integridad misma de la institución.
En ese sentido también es fácil entender la propuesta del uribismo de sacar de la JEP los casos de violencia sexual contra niños y niñas. Es, sin duda, un clásico fenómeno de framing: enmarcar la JEP en función de algo que resulta abominable al conjunto de ciudadanos. Así, obviamente, es mucho más fácil mover cualquier tipo de acción en contra de la JEP a pesar de que ese no es un punto central de la misma y que la posibilidad de impunidad en estos casos no parece un riesgo si se quedan en la JEP. Aun así, enmarcar la JEP en torno a un tema que genera mucho rechazo y está en la agenda, atarlo a algo que resulte popular, sirve para impulsar a la opinión pública en contra de un enemigo digno de derrotar.
El ciudadano acepta la mentira, no porque acepte que esa posición es válida, sino porque proviene de un vocero que ataca a quienes son percibidos como no merecedores de unos “privilegios”.
Los escándalos alrededor de la JEP le han servido a Uribe para plantear acusaciones falsas. Para decir, por ejemplo, que la Farc puso la burocracia de toda la JEP, aunque lo que parece estar pasando es que algunos puestos cayeron en manos de políticos. Dado que la mayoría de los ciudadanos no están muy informados sobre la política en general y detalles tan técnicos en particular, el papel de Uribe resulta clave: les sirve de pista a los ciudadanos que confían en él para formarse una opinión, para resolverles el problema de qué hacer frente a un tema que no terminan de comprender.
Esta pista sirve, incluso, cuando el vocero al que se respeta y se considera auténtico es abiertamente mentiroso.
Estamos ante un escenario social en el que el Establecimiento le hizo concesiones a un grupo emergente, las Farc, y donde el grupo social que siempre ha estado en una posición privilegiada siente que está perdiendo terreno. Es el escenario del posconflicto. Mucha gente cree que las Farc no se merece esas concesiones, que no tienen derecho a ellas, y que su entrada en el escenario político les representa una amenaza. El grupo privilegiado, entonces, emprende una defensa por sus privilegios, pasando incluso por encima de la institucionalidad y la verdad. En esa defensa, cualquier herramienta para atacar al agente emergente se vuelve válida: mentiras, exageraciones, manejos reprochables de la información. La principal víctima termina siendo la verdad, como norma mínima de convivencia.
Aunque el ciudadano sepa que le están mintiendo, se enfrenta a la disyuntiva entre la veracidad y la autenticidad. Se valora la autenticidad de alguien que frentea unas instituciones que producen resultados que se perciben como injustos. Se valora al vocero a pesar de que no sea una persona transparente. Ese es el caso de Néstor Humberto Martínez, por ejemplo. Sabemos que ha mentido en el caso de Odebrecht, pero eso en realidad no importa, porque está haciendo una lucha que algunos valoran como más importante. El ciudadano acepta la mentira, no porque acepte que esa posición es válida, sino porque proviene de un vocero que ataca a quienes son percibidos como no merecedores de unos “privilegios”.
La estrategia es más efectiva en un contexto de crisis de ilegitimidad de las instituciones, cuando la justicia está en problemas, y la información se difunde con mayor rapidez. En el caso de la JEP, hay problemas de legitimidad inducidos por casos de corrupción. ¿Quién va a defender una institución que es vista como igual de corrupta que cualquier otra? Por eso es fácil atacarla.
El problema es que nos estamos enredado en las cosas menos importantes de la implementación de los Acuerdos de Paz. Mientras tanto, en los territorios están sucediendo riesgos reales que a nadie le importan. Tenemos la oportunidad de llenar los vacíos del Estado en regiones donde nunca estuvo, de poner del lado de la institucionalidad a mucha gente que no ha estado, de hacer cosas que nunca se han hecho y estamos preocupados por el fantasma de la impunidad que han creado quienes tienen una fuerte influencia sobre la opinión pública. Lo que pasa es que para muchos es más fácil funcionar en el estatus quo en que nos hemos movido siempre frente a esas regiones. Y por eso, que la JEP no sólo produzca condenas sino revele verdades se vuelve una mayor amenaza.
