Miércoles 26 de enero de 2022, 9:30 am. La vida de Daniel Suárez dio un giro durante su recorrido al trabajo. “Amor, me detuvieron”, alcanzó a decir por teléfono el músico de 33 años. Al otro lado de la línea el susto y el desconcierto invadieron a su esposa venezolana, y a su madre, una barranquillera de 73 años.

En una redada que realizaba la Policía Nacional en el centro de Bogotá, un funcionario le pidió a Daniel su documento de identidad. El sistema arrojó un mensaje: “Cancelada por falsa identidad”. Daniel fue esposado y trasladado a una Unidad de Reacción Inmediata (URI), donde permaneció detenido 24 horas, junto a delincuentes comunes. Suárez no sabía lo que sucedía, y los policías tampoco, pues se mostraban desorientados sobre la causa de su detención.

Las URI son recintos adscritos a la Fiscalía General de la Nación, donde se reciben denuncias y se traslada a quienes han cometido delitos en flagrancia para ser reportados ante un fiscal, y en menos de 36 horas ante un juez de control de garantías, quien deberá legalizar su captura y decidir si hay méritos para decretar su detención preventiva.

“Cuando les requieren la cédula y los detienen, el tratamiento que les dan es como si fueran delincuentes, hay maltratos verbales y amenazas de deportación. Las detenciones son arbitrarias y han sido denunciadas públicamente”, dice José Francisco Novoa, abogado binacional con licencia para ejercer en Colombia y Venezuela, quien asiste a afectados por cancelación de sus cédulas.

Suárez es uno de los 43 mil colombianos nacidos en Venezuela que obtuvieron la nacionalidad por sus padres, a quienes la vida les ha dado un vuelco casi trágico: son acusados de un supuesto delito del cual la mayoría no fue informada. Sin derecho a la defensa han sido castigados, dejando de existir para el Estado colombiano. Se les arrebató su identidad jurídica y el ejercicio pleno de los derechos y deberes que otorga la Constitución. 

Los afectados hacen parte de las segundas y terceras generaciones de la diáspora colombiana que se estableció en Venezuela desde los sesenta, que aumentó a partir de los setenta tras la bonanza petrolera y se extendió hasta los noventa, motivada aún por el auge económico y el promisorio entorno que representaba Venezuela. Un grueso número de estos migrantes colombianos no solo buscaba mayores ingresos, sino también huir del conflicto armado, como lo recuerda la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Con la decisión de la Registraduría “los derechos que se violan son el de la personalidad jurídica y el debido proceso”, dice Andrés Soto, abogado binacional quien también asiste legalmente a varios de los afectados por registros civiles anulados y cédulas canceladas. La consecuencia, explica, es que otros derechos fundamentales, como salud, educación y trabajo, también se ven vulnerados.

Cuando el Estado te falla

La Constitución colombiana reconoce en el artículo 96 el derecho a la nacionalidad por dos vías: nacimiento o adopción. Los hijos de padre o madre colombianos, aunque hayan nacido fuera del territorio, son colombianos por nacimiento. Este derecho lo pueden hacer valer a través del registro en los consulados en el exterior o con su presentación en la misma Registraduría, una vez que cumplan y entreguen la documentación exigida por ley. 

En resumen, son colombianos con doble nacionalidad: la del país que los vio nacer y la del país de origen de su padre o madre. En el artículo 14, la Constitución también garantiza el derecho de toda persona a que se le reconozca su personalidad jurídica.

El derecho a la nacionalidad también está contemplado en instrumentos internacionales de los cuales Colombia es signataria, y la Corte Constitucional en su Sentencia T-421 de 2017  los recuerda: el artículo 15 (numeral 1) de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 20 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros.

Como hijo de ciudadana colombiana, Daniel Suárez formalizó el derecho a la nacionalidad en 2017 con la entrega de recaudos a la Registraduría. Por ser mayor de edad, la inscripción de su Registro Civil se cataloga como “extemporánea”, y entre las exigencias estuvo la apostilla de su partida de nacimiento venezolana.

Cuatro años después, sin razones, el mismo organismo le despojó de su ciudadanía: anuló su registro civil, canceló su cédula y su pasaporte quedó invalidado. Dejó de existir como colombiano, volvió a ser un migrante venezolano en Colombia. Daniel no se atreve a pedir atención médica en su EPS para no llamar la atención del sistema, que pudiera desvincular a su madre como beneficiaria. Perdió la posibilidad de un crédito y sólo ver a un policía le produce ansiedad y temor. 

“Moralmente esto es muy duro. Siento como si mi historial hubiera quedado manchado. No quiero regresar a Venezuela, pero tampoco quiero quedarme en Colombia”, cuenta Daniel.

Para el abogado experto en litigio migratorio, Daniel Carvajal, la falla es del Estado: “La Registraduría tiene la obligación de verificar la documentación al momento de hacer la inscripción y no salir siete años después a decirle a la persona que un documento suyo no es válido”, dice.

Carvajal también objeta la legalidad de esta actuación por la aplicación de una norma de manera retroactiva, es decir, la resolución que regula el mecanismo para anular registros civiles es del 2021, pero se utiliza para revocar documentos de identidad colombianos avalados y emitidos con muchos años de anterioridad.

La Registraduría nunca informa las razones de la cancelación de una cédula. Daniel Suárez tuvo que pagar un abogado y, tras el análisis de la documentación, se observó que la apostilla estaba a nombre de otra persona. Había recibido una validación internacional falsa de su partida de nacimiento venezolana. El acceso a documentos públicos en Venezuela, su legalización y apostilla, sigue siendo un proceso plagado de a burocracia, corrupción, estafas y falsificaciones, según ha comprobado Colombiacheck como parte del proyecto “Conectando Caminos Por Los Derechos”, dedicado a verificar contenido que circula en comunidades digitales de migrantes venezolanos y retornados colombianos.  

“No se vistan, que no van”

“A cinco dólares equivale una apostilla en Venezuela, y yo no le iba a pagar a un gestor 200 dólares”, dice Ibis Martintereso, una colombovenezolana que se enteró en Cúcuta de la cancelación de su cédula cuando fue a verificar su centro de votación en las elecciones del Congreso, en marzo pasado. “Ese era mi sueño, votar. No quiero que mi voto sea nulo o que vaya a un lugar donde no es debido. Esto es un tema totalmente político”, dice.

La Registraduría canceló en enero de 2022  las cédulas de ella y de su hermano por supuesta “falsa identidad”. Ambos nacieron en el estado Zulia, Venezuela, fronterizo con el departamento de La Guajira, y son hijos de padre español (ya fallecido) y de madre colombiana, oriunda de Norte de Santander. Martintereso inscribió su partida de nacimiento venezolana legalizada y apostillada en 2013, junto a dos testigos y acompañada de su madre en Gramalote, Norte de Santander.

Tras pagar un abogado y ejercer una acción de tutela, Martintereso recuperó su cédula tres meses después. Ahora se alista para otra batalla: obtener el registro civil de nacimiento de sus dos hijos nacidos en Venezuela, a quienes les asiste también el derecho a la ciudadanía colombiana. Sin el antiguo PEP (Permiso Especial de Permanencia) y a la espera del PPT (Permiso por Protección Temporal), los dos niños están al margen del sistema de salud, mientras uno de ellos requiere atención especializada por una condición del espectro autista. Este nuevo capítulo lo vive Martintereso en Venezuela, alejada de ellos y expuesta a las difíciles condiciones que la hicieron salir, mientras obtiene los documentos apostillados de sus niños.

“No estoy tranquila porque no sé con qué vengan más adelante. Antes tenía fe ciega en las instituciones, ahora con el nuevo gobierno no sé si van a hacer otra revisión. ¿Te imaginas eso?, yo me muero”, dice. 

Como presidente electo, Gustavo Petro expresó en un tuit del 22 de junio su intención de “abrir las fronteras y restablecer el pleno ejercicio de los derechos humanos en la frontera” y dijo que para ello se comunicó con el gobierno venezolano. No se ha referido específicamente al tema de las cancelaciones masivas de cédulas.

Las consecuencias de esta medida llegaron incluso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA. La Red de Litigio Estratégico en Migración (Red-LEM), conformada por 11 organizaciones que defienden los derechos de las personas en situación de movilidad en Colombia, pidió ante una audiencia pública en esa instancia que el Estado colombiano restituya de forma inmediata los derechos conculcados y varios relatores de la CIDH expusieron su preocupación por la cantidad de derechos afectados. 

La investigadora Laura Dib, directora de la Clínica Jurídica para Migrantes de la Universidad de los Andes, hace parte la Red-LEM y advierte sobre la violación a un derecho y a un deber como el sufragio. “Hay personas a las que les anulan el registro civil y por medio de una tutela recuperan la validez de su cédula. Pero cuando van a votar no se lo permiten. Las violaciones son graves y de todo tipo: pasas a ser nadie”,  dice Dib.

La ruptura de relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela desde febrero de 2019, con la respectiva ausencia de servicios consulares, ha complicado la vida de los ciudadanos en ambos países. Para marzo de 2022 el desplazamiento de personas refugiadas y migrantes desde Venezuela fue el segundo más grande del mundo, y Colombia es el primer país receptor de los 6,10 millones de migrantes y refugiados venezolanos, según el Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM): 1,84 millones de ciudadanos viven ahora de este lado de la frontera. Para 2021 se calculó en 980 mil los colombianos retornados.

“A las personas les tienen que decir con antelación por qué les están cancelando la cédula de ciudadanía y anulando su registro civil de nacimiento para que se puedan defender”, asegura María Fernanda Orozco, quien coordinó la Clínica de Movilidad Humana Transfronteriza de la Universidad del Rosario en Bogotá, donde atienden semanalmente decenas de casos.

Desorientación, miedo y xenofobia

El 12 de enero de 2022 Karina Muñoz entró a un banco en Cartagena para entender por qué su cuenta estaba bloqueada, pero recibió un trato despectivo de la funcionaria que le dijo: “Su cuenta tiene un problema”. Otro funcionario le presentó excusas y reconoció que su compañera tenía “problemas para recibir a los venezolanos”. Indignada, Muñoz le aclaró que también era colombiana. La mujer de 50 años salió derrotada de la agencia, sin dinero y enterada de ese modo que  su cédula colombiana había sido cancelada. Presa de los nervios, en casa sentó a su hermana mayor, Karely Muñoz, frente a la computadora, y digitaron tres números de cédula en la página de la Registraduría: Karina, Karely y su hermano menor fueron apareciendo con sus registros civiles de nacimiento anulados y sus cédulas canceladas por “falsa identidad”.

“La tensión se me disparó y casi me desmayo. Soy sobreviviente de un cáncer de mama, pero he sido diagnosticada de nuevo con una neoplasia endometrial (cáncer). También padecí un ACV (accidente cerebrovascular) y tengo que recibir transfusiones por constantes derrames”, dice Karely Muñoz al verse desaparecida como ciudadana junto a sus hermanos, hijos de Pablo Antonio Muñoz Salinas, colombiano nacido en Cúcuta, Norte de Santander.

Karely también es paciente hipertensa crónica y fue excluida del sistema de salud. La EPS la dejó sin cobertura por tener la cédula cancelada. Su tratamiento médico quedó interrumpido al igual que otros procedimientos de urgencia: exámenes de marcadores tumorales, una biopsia, cita con el oncólogo y saber si deberá someterse a una histerectomía total o atravesar de nuevo un proceso de quimioterapia.  

Como cientos de denuncias, ella y sus hermanos nunca recibieron en físico el auto de inicio; es decir, la notificación que les advierte que hay una acción administrativa en curso por irregularidades en su documentación. No pudieron ejercer el derecho a la defensa de forma oportuna.

Karely describe un recorrido tortuoso entre la Registraduría en Cartagena y la Defensoría del Pueblo, donde ni siquiera la dejaron entrar. Dice que son pocos los abogados que conocen cómo proceder en estos casos, y algunos llegan a pedir hasta un millón de pesos por asesoría.

Alfonso Molina, un periodista y crítico cinematográfico con amplia trayectoria en Venezuela, hoy es parte de las miles de personas que se han quedado sin identidad jurídica en Colombia. Desde 2014 obtuvo su nacionalidad por ser hijo de una mujer colombiana oriunda del Huila. Para la fecha ya vivía en Bogotá y trabajaba en una empresa multinacional. Entregó todos los recaudos que la ley permitía para ejercer su derecho constitucional. Ocho años después la Registraduría le anuló su cédula sin informarle de manera directa, y conculcó sus derechos a la identidad, y a la propiedad.

Molina había demostrado la filiación con su madre, quien por haber nacido en 1924 contaba con la Tarjeta de Identidad Postal (previa a la actual cédula de ciudadanía). Esta vez tuvieron que ir hasta Garzón (Huila), a más de 300 kilómetros de Bogotá, para obtener otro documento sobre ella: un acta bautismal para confirmar los orígenes ante una autoridad civil. Han transcurrido más de cinco meses desde la cancelación de su cédula “Seguimos sin respuesta de la Registraduría, no ha pasado nada”, dice el periodista.

Un proyecto de cancelación masiva 

El 18 de junio de 2021 la Registraduría y la Superintendencia de Notariado acordaron trabajar en un proyecto de nombre extenso: “Verificación de registros civiles de nacimiento y matrimonio para su posible anulación, por no cumplir con los requisitos de ley bajo la garantía del debido proceso”. Ese día se giraron circulares con instrucciones a delegados departamentales, a registradores especiales, auxiliares y municipales; a notarios con función registral, a corregidores y a inspectores de Policía para verificar toda la documentación que soportaba la emisión de registros de nacimiento y de matrimonio realizados en 1.162 registradurías, 586 notarías, 31 corregimientos y 35 inspecciones ubicadas en 1.080 municipios de todo el territorio colombiano. 

La revisión se implementó tras una serie de auditorías y visitas administrativas en las que se habían detectado irregularidades en la emisión de registros civiles de nacimientos extemporáneos de ciudadanos nacidos en el exterior y en Colombia, como también en la emisión de registros civiles de matrimonio en los que se evidenció que fueron elaborados con información presuntamente apócrifa, de modo que extranjeros habrían obtenido la nacionalidad por adopción o la cédula de extranjería de modo irregular.

Según la alerta, a través de ambos tipos de registro los ciudadanos portadores de estos documentos tendrían “acceso a todos los derechos y servicios ofrecidos por el Estado colombiano, representando un riesgo a la seguridad nacional, un incremento en el gasto de los recursos públicos y afectando inclusive, la estabilidad democrática y sus procesos electorales”, según se lee en las circulares internas número 068 y 374.

La orden impartida a las 1.815 oficinas con función de registro civil era digitalizar los documentos que componían cada uno de los expedientes y enviar las imágenes a servidores ubicados en Bogotá para su verificación. A mediados de 2021 esta operación interna no tuvo mayor eco en los medios de comunicación. Pero lo que sí dijo con alarma Alexander Vega, Registrador Nacional, fue que la institución había detectado a “296.627 ciudadanos venezolanos en el censo electoral”. El 5 de octubre de 2021, durante la Cumbre de Gobernadores en Villa del Rosario (Norte de Santander), a minutos de la frontera con Venezuela, Vega aseguraba que este numeroso grupo de inscritos en el censo electoral interfería en las elecciones de 2022. “Esas 300.000 personas pueden elegir presidente, pueden elegir un senador, pueden elegir un representante a la Cámara”, dijo. Allí pidió cooperación internacional para el “apoyo en el control de la migración ilegal en el país”.

Pero no fue hasta febrero de 2022 cuando en redes sociales estallaron las denuncias de cientos de colombovenezolanos, quienes aseguraban que habían sido despojados de su nacionalidad sin previo aviso. 

Se reportaron arrestos en plena vía pública hasta por 36 horas, y quienes salían de la reclusión aseguraron que se les amenazó con la deportación. Días después el Registrador confirmó que habían cancelado 43 mil cédulas de ciudadanos de origen venezolano que entraron a Colombia a partir de 2014 en adelante. “Se verificó y se encontraron falsedades, adulteraciones y falsos testigos. Ante esto se procedió anular esos registros civiles, cancelar la cédula y sacar del Censo Electoral”, dijo el funcionario. Por Twitter la Registraduría lanzó un escueto trino con un enlace para consultar el estado del registro civil. Aunque Vega hablaría del asunto en medios colombianos, la campaña electoral avanzaba y el asunto no se trató más.

Desde hace más de medio siglo la legislación colombiana estableció las causales para anular registros civiles con el Decreto 1260 de 1970 en su artículo 104, pero apenas la Resolución 7300 de 2021 vino a regular el procedimiento del antiguo mandato.

El registro civil de nacimiento, documento base para la identificación en Colombia, al ser anulado cancela los demás documentos, como la cédula y el pasaporte. Las causales para anularlo son cinco, pero en el caso de los casi 43 mil colombovenezolanos, la Registraduría se basa mayoritariamente en los numerales 4 y 5 del artículo 104:

• Cuando no aparezca debidamente establecida la identificación de los otorgantes o testigos, o la firma de aquellos o éstos.
• Cuando no existan los documentos necesarios como presupuestos de la inscripción o de la alteración o cancelación de ésta.

Solo después de que las denuncias se hicieron virales, la Registraduría reconoció que sobre las 43 mil anulaciones los recursos interpuestos ante el organismo no sobrepasaban los 800, es decir, que solo el 2 % pudo ejercer recurso de reposición y/o apelación, los cuales son factibles cuando el afectado lo hace dentro de los plazos estipulados por la normativa (dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación del acto administrativo; es decir, del documento que anula el registro civil y cancela la cédula de ciudadanía). Pero, ¿qué sucede con quienes nunca se enteraron en el momento preciso?

Llegar al portón de las Registradurías es el inicio de un viacrucis: funcionarios que desconocen el protocolo a seguir, tratos apáticos e incluso frases xenofóbicas, indicaciones erradas o simplemente órdenes displicentes de que “lleven su partida apostillada” o vuelvan a “entregar todo de nuevo”, sin detenerse en el trasfondo de cada caso. De inmediato la gente comienza a sacar cuentas de lo que implica pagar a un gestor en dólares en Venezuela o imaginarse de regreso al país del que huyeron para tramitar sus documentos de nuevo.

La Registraduría objeta tardíamente dos recaudos permitidos en la ley utilizados por los colombovenezolanos para formalizar la nacionalidad: las apostillas de las partidas de nacimiento venezolanas o en su defecto el uso de declaraciones juramentadas, por dos testigos hábiles que hayan presenciado el hecho o hayan tenido noticia directa de sus nacimientos.  

El director nacional de Registro Civil, Rodrigo Pérez, reveló que hasta la fecha “se han denunciado penalmente ante la Fiscalía a 3.000 personas que habrían presentado documentos falsos para la obtención de la nacionalidad”. La institución pide investigar a estos colombovenezolanos por “obtención de documento público falso, uso de documento falso, fraude procesal”. Las denuncias han aparecido cargadas en los expedientes digitales de los afectados y los señalan de “presentar documentos contrarios a la verdad para inducir en engaño al funcionario con facultad registral para que se autorizaran registros base de expedición de cédula de ciudadanía, con información engañosa”.

Los escándalos de corrupción que involucran a la Registraduría Nacional son de vieja data y no están vinculados exclusivamente a ciudadanos originarios de un determinado país o únicamente con el éxodo venezolano. Las mafias que trafican con documentos de identidad han tenido cómplices dentro de las registradurías y notarías del país, con funcionarios activos, desde registradores hasta extrabajadores de estas dependencias que conocen a la perfección el sistema. Incluso gobiernos extranjeros han alertado a través de informes de inteligencia sobre la falsa documentación que estas redes facilitan a integrantes de células terroristas. 

El entramado ha servido al tráfico de migrantes, integrantes de bandas criminales, narcotraficantes, guerrilla y organizaciones delictivas con tentáculos en Colombia y en otras partes del mundo, ya sea para permanecer ocultos en Colombia y evadir pedidos de captura internacional o huir a otras naciones. Los métodos empleados van desde suplantaciones de identidades de personas vivas o fallecidas, doble o múltiple cedulación, utilización de testigos falsos para obtención de registros civiles para extranjeros sin arraigo colombiano, entre otros. Durante varios años la propia Registraduría ha investigado y logrado suspender, destituir y judicializar a funcionarios cómplices de estos delitos en operativos coordinados con la Fiscalía y Migración Colombia. Por el caso actual existen 16 investigaciones abiertas contra registradores y notarios.

La institución ha detectado en sus averiguaciones que existen venezolanos que efectivamente incurrieron en falsedad de documentación y que ni siquiera tenían padres colombianos. Sin embargo, la protesta de los juristas consultados apunta a  la aplicación de procedimientos que no permitió a la mayoría con raíces colombianas defenderse en los tiempos y modos óptimos. 

Sobrevivir para luego desaparecer

En abril de 2017 Ana Jaraba tomó la única decisión que tenía para mantener con vida a su hija Yovana. Armó un bolso pequeño con lo necesario y cruzó la frontera entre Venezuela y Colombia. Tuvo que dejar a sus dos hijos adolescentes, pero en sus brazos ya llevaba a la más vulnerable, una bebé de dos años con hidrocefalia, espina bífida y pie equinovaro bilateral, esta última una deformación congénita que de no tratarse a tiempo conduce a una discapacidad de por vida. 

Ana nació en Zulia y fue una de los seis hijos del barranquillero Nicanor Jaraba Pacheco y de otra costeña, Elizabeth Masea Monterrosa, nacida en el departamento de Sucre. En 2018 formalizó su derecho a la nacionalidad colombiana por nacimiento acompañada de su madre, quien también dejó estampada su firma en el expediente junto al resto de los recaudos.

Pero en enero de 2022 sufrió un doble revés: “Llegó un mensaje a mi teléfono, me suspendieron el Ingreso Solidario por cédula cancelada por falsa identidad. Ese día caí en un estado de nervios, lloré, no entendía por qué. Creí que alguien había clonado mi cédula”. Ana, quien vive en extremas condiciones de pobreza en un rancho de madera ubicado en la invasión Loma Roja, en Barranquilla, había perdido el auxilio monetario estatal creado en época de pandemia para las familias más pobres de Colombia que le permitía cobrar cada dos meses 380 mil pesos (100 dólares aproximadamente )

Desorientada corrió a la Registraduría principal de Barranquilla: “Cuando me dijeron que debía irme a Venezuela por la apostilla, me puse a llorar, si hasta tengo que ayudar a defecar a mi hija con parálisis, ¿que me convulsione en Venezuela?, se me muere”. La Emergencia Humanitaria Compleja en Venezuela devuelve a varias generaciones de colombianos retornados. Vuelven más pobres y un grupo importante reconoce en voz baja sentirse de segunda o tercera categoría.

En la Personería le dijeron que hay varias madres cabeza de hogar en su misma situación. Ya fue excluida de la EPS y cuando se enferma le toca automedicarse y aguantar dolores. Su certificado de vacunación contra el covid-19 tampoco aparece en el sistema.

Tras la maniobra de la Registraduría y las serias afectaciones a miles de colombianos retornados no se han producido actuaciones o pronunciamientos públicos de ninguna institución del Estado, principalmente de la Procuraduría General, órgano natural de control de este ente. Lo cierto es que el tiempo sigue contando para quienes han quedado sin identidad colombiana y la recomendación de varios expertos legales apunta a que se acojan al Estatuto por Protección Temporal para Migrantes Venezolanos cuyo registro venció el 29 de mayo de 2022, para que no quedaran irregulares mientras logran resolver su estatus jurídico.