Alicia Marín* llegó a Mocoa el 30 de enero de 2019. Llegó porque le tocó salir de San Miguel, un municipio del bajo Putumayo, en donde vivía desde hacía 14 años. Hace más de un año y medio la amenazaron y la persiguieron, y no bastó con que se hubiera cambiado de casa, ni con que hubiera dejado de hacer sus actividades, ni con que la Unidad Nacional de Protección le asignara un esquema de seguridad. Alicia se tuvo que ir porque, como dice ella, “cuando a ti te dicen tan insistentemente que te vayas, pues es mejor irse”.

En San Miguel, Alicia lideraba un grupo de alfabetización con mujeres y otro con jóvenes consumidores de drogas. Hace cinco años conoció la Alianza departamental de mujeres ‘Tejedoras de Vida’ del Putumayo y desde entonces se dedicó a acompañar los procesos de denuncia de mujeres víctimas de violencias de género en su territorio. Haber dejado esos procesos, dice ella, es lo que más la desconcierta. Cuenta que había logrado generar una cercanía con instituciones como la Personería, la Comisaría de Familia y el Hospital para que se movilizaran cada vez que llegaba a hacer una denuncia de un caso nuevo.

Lo paradójico es que no quiso denunciar su propio caso cuando comenzaron las amenazas en su contra: “No tenía confianza y sabía que si denunciaba iba a tener que salir del territorio y era algo que no quería. Tenía miedo de dejar los procesos, de dejar a las mujeres abandonadas”, explica. 

Denunció cuando la situación fue insostenible: después de más de un año de soportar que entraran a su casa a amenazarla; que la pararan en la calle para hacerle advertencias; que le dejaran razones con sus hijas, sus vecinos y sus amigas; y de que no pudiera volver a convocar a las reuniones semanales que tenía con mujeres y jóvenes del territorio. 

Pero después tuvo que irse. Llegó a Mocoa con ocho miembros de su familia y desde entonces, no ha vuelto. Dice que la situación ha cambiado pero el temor permanece, y que por eso no es fácil. Aunque tiene esquema de seguridad, en Mocoa, luego de unas llamadas que recibió y de alertas que le hicieron sus vecinos, tuvo que cambiar nuevamente de casa. Alicia no sólo se siente insegura, “a veces me siento inservible, porque sé que en otro lado, en San Miguel, hacía más”. 

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Para que las mujeres puedan ejercer sus liderazgos y no tengan que salir de sus territorios, como le sucedió a Alicia, se creó hace un año la Mesa de Garantías en Seguridad del Putumayo. 

El objetivo de esta Mesa, de acuerdo con Katerin Jurado Díaz, abogada de la Corporación Sisma Mujer, es que ellas puedan ejercer de forma libre y segura sus liderazgos y que sepan que existe un programa nacional de garantías que debe responder de forma diferenciada e integral a sus riesgos y necesidades. Es decir, que el Estado no sólo debe responder con medidas individuales y materiales de protección (esquema de seguridad, por ejemplo), sino que debe promover medidas integrales de prevención, protección y garantías de no repetición para ellas, sus núcleos familiares y organizaciones. Por ejemplo: en caso de que una defensora tenga que dejar el territorio debido a su situación de riesgo se brinden garantías en salud y educación para todas las personas que deban ser reubicadas.

Esta Mesa es el primer piloto territorial del Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras, que se planteó desde 2009 cuando se creó el Proceso Nacional de Garantías y con el que el gobierno de Juan Manuel Santos se comprometió desde el 2013. 

Desde entonces y hasta hoy, se han creado dos Mesas, la de Putumayo y otra en Montes de María. Ambas son las que, después de 10 años, le han dado vida al Programa Integral de Garantías. Esto se logró, de acuerdo con Katerin Jurado Díaz, por la incidencia de organizaciones sociales del movimiento de mujeres que insistieron en la necesidad de una implementación territorial del programa a través de mesas territoriales. Si no hubiera sido por eso, “seguiríamos esperando a que el gobierno activará estos instrumentos a nivel departamental”. 

En esto, concuerda Elena Ambrosi, procuradora delegada para la paz y la protección de los derechos de las víctimas: “El inicio de esta Mesa—aunque fue una experiencia maravillosa, pero que no debería pasar en otras— se dio por la solicitud de las organizaciones de mujeres ante el incremento de los asesinatos de las lideresas”, explica. 

De ahí que el liderazgo de la Mesa desde la institucionalidad lo hayan asumido, en un principio, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo. “Ahí teníamos un rol híbrido porque ni la Defensoría ni la Procuraduría somos los competentes para formular políticas públicas. Creo que el líder natural de estos procesos debe ser el Ministerio Interior en el nivel nacional y la gobernación en el nivel territorial”, agrega Ambrosi. 

El Putumayo, de acuerdo con Nancy Sánchez, coordinadora de la Alianza Tejedoras de Vida, es un departamento críticamente afectado por la violencia contra las mujeres, especialmente contra las defensoras de derechos humanos. Se debe, en palabras de Sánchez, a que son ellas “las que llevan los programas del Estado a donde no hay Estado”. Durante 2017 y mediados de 2018, las Tejedoras de Vida recopilaron alrededor de 16 denuncias por seguimientos, atentados, desaparición y secuestro a mujeres que estaban liderando procesos de restitución de tierras, de víctimas y de empoderamiento de mujeres: “Estos ataques coinciden con el periodo de  reconfiguración de los grupos armados luego del proceso de paz”, explica Sánchez. 

Esta situación de violencia contra las mujeres lideresas y defensoras en el Putumayo, se hizo especialmente visible en mayo de 2018, luego de la desaparición de Deyanira Guerrero, una mujer de 36 años a la que vieron por última vez el 2 de mayo en la vereda El Placer, del municipio la Hormiga, en el bajo Putumayo. Deyanira lideraba procesos con mujeres de su territorio y hacía parte de Alianza Tejedoras de Vida. Cinco meses antes de su desaparición, su nombre estuvo en panfletos amenazantes firmados por la Autodefensas Gaitanistas de Colombia. 

El de ella es un caso emblemático porque, como lo define Nancy Sánchez, a Deyanira no sólo la desaparecieron los grupos armados, sino también la Policía y el Ejército: “Se demoraron en activar el mecanismo de búsqueda, porque decían que Deyanira estaba de paseo con el mozo en Ecuador. Se sabe que en un secuestro o en una desaparición, los minutos posteriores al hecho son fundamentales. Si no la encuentras después de 5 o 6 horas se pierde el rastro y eso fue lo que nos pasó. Nos dolió mucho, porque las autoridades no quisieron creer que había desaparecido.” De Deyanira no se sabe nada todavía.

Este caso fue el detonante para que se visibilizara la situación de las mujeres en el departamento y que allí se instalara la primera Mesa territorial de Garantías. La Mesa no solo ha hecho que alrededor de 250 mujeres líderes del alto, medio y bajo Putumayo conozcan que existe un Programa Nacional de Garantías, sino que además, para Sánchez, “se ha convertido en un lugar de articulación entre la sociedad civil —en este caso, mujeres líderes— y las instituciones”. 

Para Nereida Ibarra, coordinadora de la Ruta Pacífica de Mujeres en Putumayo, esa articulación ha servido para hacerle saber a las instituciones como la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Gobernación y la fuerza pública, que “las mujeres no somos simplemente un sirirí. Nos damos cuenta de lo que está pasando en nuestros territorios, de los riesgos que estamos corriendo y tenemos que hacer exigencias”. 

Hasta ahora, la Mesa ha realizado cuatro sesiones. En éstas, se han sentado mujeres de todo el Departamento con funcionarios de las instituciones locales: “es interesante porque uno los tiene ahí de frente. Ahí es donde a las buenas o a las malas nos entendemos o nos peleamos. Porque es que tienen que responder. Las mujeres no pedimos nada más allá de lo que deba hacer el Estado que es garantizarnos la vida”, explica Sánchez. 

Esta Mesa de Garantías está dividida en dos comités: el de seguimiento a casos y el de impulso. El primero lleva mes a mes los casos de mujeres líderes y defensoras víctimas de violencia sexual, amenazas, desplazamiento y desaparición forzada. Desde que se instaló la Mesa se ha hecho seguimiento a 25 casos y, de acuerdo con Enlly Dávila, miembro de la Alianza Tejedoras de Vida, este comité consiste en acompañar los procesos de denuncia y en una rendición de cuentas con las instituciones, particularmente con la Fiscalía: en saber qué ha pasado con las denuncias, en qué van los procedimientos, si ha habido capturas. 

Este Comité también ha hecho seguimiento a casos enmarcados en violencias de género: “El comité se ha hecho en el marco de la Mesa y lo primero que se hace es velar por la garantía de derechos y seguridad de lideresas. Pero quienes estamos ahí aprovechamos el espacio para la defensa de los derechos de mujeres en general”, explica Enlly Dávila. Por eso, han hecho seguimiento a casos como el de 16 menores que fueron acosadas y tres de ellas violadas por un un profesor en un colegio de Puerto Asís; y a algunos los 18 feminicidios que este año han ocurrido en el departamento. Lo hacen, porque el comité ha logrado tener incidencia en las instituciones: “Nunca se había trabajado el tema de género con ninguna institución. Podernos sentar con Procuraduría y Fiscalía es muy valioso. Somos las que insistimos y por eso y nos han escuchado”, añade Enlly Dávila.

El segundo comité, el de impulso, busca la construcción de una Ruta de protección local. Se trata de una Ruta que, en teoría, se enmarca dentro del Programa Integral de Garantías pero que, como lo aclara Elena Ambrosi, “no es un éxito del Programa, sino más bien de las organizaciones de mujeres en el territorio que reiteradamente le han exigido al gobierno nacional medidas particulares para atender sus riesgos”. De ahí que esta Ruta territorial se distancie de la normativa nacional y plantee una protección local .

 “La Ruta que plantea el gobierno es darte un celular, un esquema de seguridad y que te dirijas a las instituciones a poner la denuncia. Pero no es lo mismo que pongan esa ruta en Bogotá que acá. Porque es que en Bogotá sí se puede implementar, acá no”, explica Nereida Ibarra. En el Putumayo, agrega Ibarra, los territorios están muy dispersos, no hay cobertura de señal de celular y en las veredas no hay quien reciba las denuncias. “Les estamos diciendo que nos están matando, que vengan y que se hagan cargo, pero no llegan. Nos dicen que la mujer tiene que salir hasta otro lugar, le piden que se ponga en riesgo, para después sí atenderla. Lo que queremos y pedimos es que vayan y que no se la pongan difícil a la ciudadana que está sola y que no tiene respaldo”, dice.

Por esto, que la Ruta tenga un enfoque territorial que responda a las necesidades locales es indispensable: “los impactos que sufre una defensora en los Montes de María no son los mismos que los de las defensoras del Putumayo. Las particularidades de los liderazgos, las condiciones socioculturales y políticas, los actores armados, la institucionalidad, entre otros factores, cambian y por eso los riesgos de género son distintos”, explica Katerin Jurado Díaz. 

Se plantea, además, dentro de esta Ruta local, una protección colectiva. Es decir, que no solo se proteja a las más mujeres violentadas, sino también a las organizaciones de las que hacen parte. “Las mujeres construyen sus procesos y sus organizaciones a través de afectos y eso hace que sea probable que cuando una defensora se va de su territorio, su proceso quede frágil o se acabe”, dice Jurado Díaz de Sisma. 

Añade, que es por eso que la forma en que se ataca y vulnera a una mujer lideresa o defensora de derechos humanos es distinta de la forma en la que se agrede a un hombre líder: “las agresiones dirigidas en contra de las defensoras se encuentran asociadas tanto a su trabajo en defensa de los derechos humanos, como al hecho de ser mujeres, en una sociedad que las discrimina por serlo. Por eso hablamos de violencia sociopolítica de género, la cual se evidencia en la extrema violencia y sevicia contra los cuerpos de algunas defensoras asesinadas, entre otras marcas de género que pasan por hechos de violencia sexual en contra de ellas y personas cercanas, así como el uso de lenguaje humillante y sexista en las amenazas. A ellas no sólo las asesinan, sino que las violan y les generan marcas en sus cuerpos para decirle a todas las que las rodean cuáles son las consecuencias de ejercer sus liderazgos”.

Y esa misma Ruta, también, responde a una de las mayores preocupaciones de las mujeres líderes y defensoras del Putumayo: la falta de confianza en la institucionalidad. “Desde que empezamos la Mesa lo que se evidenció fue una tremenda desconfianza entre las organizaciones de mujeres y las instituciones, particularmente con la fuerza pública”, explica Elena Ambrosi. 

Para Nancy Sánchez se trata de un tema de voluntad por parte de los funcionarios: “Uno llama y no contestan, sobre todo en fines de semana. La protección aquí tiene horario laboral de funcionario público”. Pero además, hay un problema de desconocimiento de las normas y de que los funcionarios no entienden por qué en los casos de las mujeres hay que tener un trato diferencial. Esto, para Nereida Ibarra es lo que genera la revictimización: “Generalmente encontramos funcionarios hombres que no conocen, ni entienden la forma en la que se nos vulneran los derechos”.  Por esto, dentro del plan de acción de la Ruta las mujeres solicitaron como una media de protección fundamental la capacitación funcionarios en temas de derechos humanos y particularmente de género. 

Si bien la instalación de la Mesa ha sido importante para acercar a las mujeres con las instituciones locales y para darles a conocer las normas que deben garantizarles seguridad para ejercer sus liderazgos en los territorios, aún falta mucho, pues ellas siguen desconfiando principalmente de la fuerza pública y de la Fiscalía: “El espacio ha servido. Sin embargo, la construcción de confianza es un proceso que todavía demanda muchas acciones por parte de la institucionalidad”, explica Ambrosi. 

De acuerdo con el balance del primer año de gobierno Iván Duque frente a las garantías para el ejercicio de liderazgo de las mujeres defensoras de derechos humanos, que realizó la Red Nacional de Mujeres Defensoras, el panorama no es muy alentador. Según ese balance, no sólo ahora, sino en  los últimos 10, ha habido un “Bloqueo Institucional de género” en materia de protección que está determinado por la “falta de claridad en cuanto a las competencias de las entidades territoriales en materia de prevención y protección y por la desarticulación institucional tanto a nivel nacional como en el territorio lo que genera que no se atienda oportunamente la situación de riesgo de las defensoras”. 

En esto concuerda Elena Ambrosi: “El Programa de lideresas en materia de protección y prevención que finalmente logramos que saliera hace un año, ha tenido pocos avances a nivel nacional y esa es una de las grandes preocupaciones que hemos manifestado desde el Ministerio Público”. 

Si bien las mesas del Putumayo y Montes de María han tenido un impacto importante en los territorios, hace falta, de acuerdo con Ambrosi, que el Programa sea más vinculante con las instituciones para que haya ejercicios locales y departamentamentales en otros territorios que generen un diálogo entre las entidades territoriales y las lideresas y defensoras.

Según Sisma Mujer, de acuerdo con las cifras de la Defensoría del Pueblo, desde la Promulgación del Programa Integral de Garantías para Mujeres líderes y Defensoras, entre junio de 2018 y mayo 17 de este año, fueron asesinadas 18 defensoras. 

“Si el Programa se estuviera implementando a cabalidad, sobre todo en los territorios, se hubieran generado garantías integrales para el ejercicio libre y seguro de liderazgo de esas mujeres, y tal vez hoy no lamentaríamos su ausencia”, dice Katerin Jurado Díaz.

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