Pequeños triángulos morados, azules, verdes, naranjas, amarillos y rojos, todos hechos en papel y cada uno encajado detrás otro. Sin duda se necesitan más de cien de éstos para que Manuel Quiñónez arme un dragón 3D en origami. Con destreza en sus manos, moviendo cada dedo con facilidad y precisión, él hace pliegues en cada papel para construir una pequeña pieza que une con las demás sin utilizar tijeras ni pegante; esa es la magia de este arte de origen japonés.

Así es el proyecto creativo de la clase de arte de este joven de 16 años, quien tiene una discapacidad cognitiva y al que sus profesores describen como una persona kinestésica, pues todo el tiempo está haciendo y creando nuevas cosas. En enero de este año, al igual que miles de jóvenes colombianos ingresó a la universidad con la intención de ser diseñador gráfico; pero su proceso será un poco diferente aunque al final recibirá, al igual que los demás, un diploma que le dará el aval para comenzar su vida laboral.

Manuel se graduó del Gimnasio Campestre Guilford un colegio que tiene como filosofía la educación para todos. Allí, anualmente ingresan niños promedio, niños con dificultades emocionales y niños con discapacidades cognitivas. Desde hace 18 años trabajan con una estrategia de inclusión para que todos sus estudiantes, sin importar su condición física, emocional o cognitiva, tengan la oportunidad de formase en un colegio. ¿Pero qué pasa con aquellos que tiene alguna dificultad después de que se gradúan como bachilleres? Generalmente sólo pueden aspirar a tomar cursos en el Sena pues allí tiene programas especiales para aquellos que “sufren” de una discapacidad, asegura Juan Sebastián Jaime asesor jurídico del Programa de Acción para la Igualdad y la Inclusión Social (Paiis). La realidad es que la educación superior en Colombia no está diseñada para aquellos que requieren apoyos diferentes a los de la sociedad promedio y de ahí que el proyecto de vida, no sólo de algunos jóvenes sino de sus familias no tenga asegurado un panorama alentador.

Con la idea de promover que las personas con discapacidades cognitivas y emocionales continúen su formación más allá de la educación media, surgió el Proyecto Guilford Superior. Jóvenes con alguna discapacidad leve o moderada, pero que ya cumplieron todos los requisitos estatales para graduarse del bachillerato, ahora escogen en qué disciplina quisieran ser profesionales. Manuel, es uno de estos jóvenes, que este semestre junto con siete estudiantes más ingresó a Taller Cinco, una institución de educación superior a nivel técnico enfocada al diseño y la comunicación.

Ponerse una camiseta universitaria

Durante los últimos cinco meses, Manuel y sus compañeros han tenido clases de matemáticas, lenguaje y comunicación, sistemas, inglés, bellas artes, música y otras electivas. Durante los dos primeros semestres el proceso consiste en un periodo de nivelación para evaluar y fortalecer las habilidades de cada uno de ellos. Algunas clases son sólo para este grupo de ocho jóvenes y en otras, como las electivas, comparten con los demás estudiantes de Taller Cinco. A partir del próximo año, esta primera promoción del programa comenzarán los cinco semestres en los que la inmersión es total, profundizarán en el área que ellos junto con el equipo del proyecto han decidido para su formación profesional y compartirán el 100% de la rutina universitaria con los estudiantes “promedio” de la institución.

El programa no es, por tanto, de educación especial. En Colombia según Myriam Fajardo, directora del Proyecto Guilford Superior, hay una división tajante entre educación especial y regular. “El proyecto se encuentra en un término medio. Nuestros jóvenes tienen dificultades de aprendizaje debido a déficits cognitivos leves o moderados, pero ello no quiere decir que no tengan otras habilidades y que no puedan acceder a la educación; todo lo contrario, son personas que con todos los apoyos necesarios pueden llegar a ser profesionales”, agrega.

Por tanto se trata de ofrecerles las ayudas requeridas para que estos jóvenes logren mantenerse en el ámbito universitario hasta el momento en el que se gradúen. El Proyecto tiene claro que durante todo el proceso, tanto en la primera parte básica como en los semestres posteriores, habrá un acompañamiento constante a través de un equipo interdisciplinario compuesto por psicólogos, terapistas ocupacionales, fonoaudiólogos y maestros que ya han trabajado con personas con discapacidad intelectual; y que acompañarán no sólo a estos estudiantes sino a los profesores de Taller Cinco para lograr que el proceso sea lo más llevadero posible para todas las partes.

Por ahora la experiencia tanto para profesores, directivos y estudiantes del proyecto y de Taller Cinco es muy alentadora. Ha sido un proceso de adaptación para toda la comunidad en el que estos jóvenes se sienten como iguales y en el que los demás los ven como iguales. Se trata, como asegura la directora del proyecto, de romper con los paradigmas culturales impuestos que no le permiten a la sociedad comprender que las personas con algún tipo de discapacidad pueden pertenecer a un ambiente educativo; e incluso que no le permiten ni siquiera a la propia familia entender que sí vale la pena invertir un su proyecto formativo.

Por ello, para Manuel y sus compañeros, tener la oportunidad de ingresar al ambiente universitario, les ha permitido portar una camiseta distinta, dice el profesor de sistemas Fredy Gonzáles. Son conscientes del lugar en el que están y su actitud frente a lo que hacen es distinta. “Lo que hacemos es potenciar las herramientas que han adquirido en el colegio para que puedan experimentar, mirar hacia el futuro y adquirir más independencia; y es así como su moralidad y su autoestima crecen y logran manejar su vida de una manera diferente”, asegura. Así queda claro, como lo reconoce Andrea Parra, directora ejecutiva de Paiis, “que el problema no es de ellos [de quienes tienen alguna discapacidad], es de una sociedad que no ha sabido brindarles oportunidades. No es que sean niños eternos, ignorantes, ni que carezcan de capacidades de aprendizaje. Lo que sucede es que hay que ser creativos y buscar las maneras para que puedan comprender las decisiones que respectan a su vida”.

Amparo Jiménez, profesora de arte, en clase con sus alumnos del Proyecto Guilford Superior

La labor del docente

“Nunca una clase es igual. Su concentración y su estado anímico es diferente cada día; y eso es un reto increíble”, dice el profesor González. Para Juan Sebastián Jaime, asesor jurídico de Paiis, está claro que tener una discapacidad no puede ser un impedimento para que las personas se gradúen de educación superior y que la responsabilidad para que ello ocurra recae no sólo en el gobierno sino en las universidades y sus docentes.

Según Jaime, el costo que implican los apoyos para las personas con discapacidad es la excusa de las instituciones universitarias cuando se trata de tener ambientes de inclusión en el que aquellos con algunas dificultades, así como los estudiantes promedio, puedan ser partícipes por igual. Las universidades ya tienen los recursos más importantes disponibles: los docentes. “Habrá un costo en términos de tiempo para los profesores, pero no cosiste en un inalcanzable costo monetario adicional”, dice Jaime.

Basados en su experiencia, el profesor González y la profesora de arte Amparo Jiménez, reconocen que a pesar de que lleven todos los días sus clases preparadas, éstas siempre requerirán de ajustes, pues la realidad es que no todos los días estos estudiantes son completamente regulares y funcionales como a los que generalmente los docentes están acostumbrados. “El proceso no es lineal, pero el mejoramiento es continuo”, recalca González. Y es que éste es precisamente el reto; los profesores son quienes deben tener la tarea de pensar cómo flexibilizar sus currículos para permitir no sólo que todas las personas, sin importar si tienen o no una discapacidad, puedan acceder a la educación superior, sino que además puedan sostenerse en el proceso.

Los docentes deben no sólo tener un saber disciplinar y pedagógico sino que es necesario que en algunas ocasiones tengan una capacitación para que puedan trasmitir su conocimiento a todo el público que lo requiere, sugiere Jaime. De ahí, que como lo asegura la profesora Jiménez dicha experiencia es también para los docentes una escuela.

Inclusión en la universidad

Manuel, aunque aún no está el 100% de su tiempo académico con los demás alumnos de Taller Cinco, dice que comparte con ellos, que juegan fútbol y que ya tiene varios amigos. Pero, cómo hacer para que este panorama sea la norma y no la excepción.

Hoy las limitaciones para la inclusión en el ambiente universitario comienza por el mismo examen de Estado que mide las capacidades académicas de los jóvenes colombianos y que es la puerta de entrada la Universidad y por tanto a su futuro. Hasta hace muy poco este examen era igual para toda la población y no diferenciaba la evaluación cuando se trataba de personas con ciertas dificultades. Ahora, se supone que tiene en cuenta este factor pero para Juan Sebastián Jaime, esto no ha sido suficiente. “Si bien es cierto que algunos logran ingresar a la universidad, es muy difícil que logren mantenerse; todo se convierte en una lucha, una batalla y una negociación para estos jóvenes”, recalca.

Pero garantizar un espacio inclusivo en la educación superior, no es sólo una labor del Estado, las universidades tienen mucho que aportar en este tema. Se requiere ciertos ajustes como flexibilización curricular pues la intensidad horaria y las exigencias académicas de ellos deben ser distintas. De ahí que el Proyecto Guilford Superior se haya visto en la tarea de revisar con los profesores los programas de las diferentes áreas disciplinarias de Taller Cinco para que cuando los jóvenes del programa comiencen a asistir a los cursos de profundización, éstos se adapten a las necesidades y habilidades de estos jóvenes, asegura Myriam.

Y es que hacer esta labor de flexibilización de los currículos no es una exigencia nueva. La Convención de Naciones Unidas sobre Personas con Discapacidad Intelectual, que rige en Colombia desde mayo de 2011, enfatiza que “los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación. Con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, los Estados Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza a lo largo de la vida”. Para lograrlo, la Convención establece que los Estados deben “adoptar medidas pertinentes para emplear a maestros, incluidos maestros con discapacidad, que estén cualificados en lengua de señas o Braille y para formar a profesionales y personal que trabajen en todos los niveles educativos. Esa formación incluirá la toma de conciencia sobre la discapacidad y el uso de modos, medios y formatos de comunicación aumentativos y alternativos apropiados, y de técnicas y materiales educativos para apoyar a las personas con discapacidad”. Y todas estas consideraciones aplican, por supuesto, para la educación superior.

No obstante, el mayor problema para Jaime es que la convención es clara y contundente en sus mandatos, pero el sistema jurídico colombiano no está armonizado con la misma. La Ley 1618 de 2013 “Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos a las personas con discapacidad” tienen en su Artículo 11 apuntes concretos frente al derecho a la educación de las personas con discapacidad; el problema, según Jaime es que se queda principalmente en la educación básica y media y frente a la superior los planteamientos son mínimos. Pero lo cierto es que la educación es un servicio público y por tanto las instituciones públicas y privadas deben garantizar la prestación de dicho servicio para toda la población sin discriminación a su condición física ni mental.

La idea, no es por tanto, que se creen espacios educativos de educación especial, como los que ya existen y que son exclusivamente para “niños genio” o para quienes tiene alguna discapacidad intelectual. Para Jaime dichos mandatos contradicen el estándar de la educación inclusiva, pues lo que en realidad se crean son espacios sólo para cierto tipo de personas. “Eso es integración, pero no inclusión. El estándar de la educación inclusiva determina que todos deben estar en la misma aula de clase”.

Representación del transmilenio de una estudiante del Proyecto Guilford Superior

El caso de Samuel Valencia

Hace un año Samuel Valencia comenzó a lidiar con la justicia colombiana para poder terminar su carrera de psicología en la Universidad Manuela Beltrán. Había logrado ser bachiller e ingresar a una institución de educación superior por sus méritos, por supuesto, pero también porque había recibido apoyo económico del Estado y de fundaciones para pagar un guía intérprete que le diera la posibilidad de entender y de hacerse entender.

Desde los cinco años Samuel es sordo y desde los 17, ciego. “Él ha tenido que pasar por la discriminación de tener que rogar caridad para poder ejercer su derecho a la educación”, dice Juan Sebastián Jaime quien además es asesor jurídico de Samuel desde el 2014. Con el apoyo y asesoría de Paiis, Samuel demandó a su Universidad pues ésta le negó la petición de poner a su disposición guías intérpretes que le permitieran culminar su carrera. La financiación que había recibido hasta entonces por parte de fundaciones se había acabado y ahora su universidad le negaba un recurso básico para él.

Después de un primer fallo cuya petición fue negada y de un segundo que apelo al primero; finalmente en Colombia se dieron los primeros pasos para obligar a las instituciones a pensar en un sistema de educación superior verdaderamente inclusivo. La sentencia es clara en determinar que “corresponde a las entidades de orden nacional, departamental, distrital, local públicas o privadas garantizar el acceso de estas personas, en igualdad de  condiciones, al entorno físico, a las comunicaciones, a los servicios públicos, a través de los ajustes razonables necesarios”. Ahora la Manuela Beltrán se ve en la obligación de proveer los apoyos necesarios a Samuel, a pesar de que en declaraciones al diario El Espectador, el rector de la institución manifestó que no comparte el fallo de la Corte.

DESDE LOS ANDES...

El programa pretende generar conocimiento y acciones de incidencia legal y política para el avance de los derechos humanos, la igualdad y la inclusión social de personas pertenecientes a grupos históricamente marginados.

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Pero más allá de este logro directo para Samuel, Juan Sebastián Jaime reconoce que esta sentencia ha sido un logro para toda la población de personas con alguna discapacidad en el país. “La sentencia es clara en afirmar el mandato de la formación inclusiva: las personas tienen que participar con igualdad en todos los espacios y eso incluye espacios no académicos. La universidad no consiste sólo en asistir a clases, disfrutar los espacios de esparcimiento y de actividades culturales también hace parte de la experiencia universitaria”, asegura Jaime. Por eso no sólo Samuel sino demás personas con alguna discapacidad tienen el derecho de vivir su educación en el más amplio sentido y el Estado, pero ante todo las universidad están obligadas a asegurarlo.

No se trata, entonces, de crear nuevos espacios en los que las personas con alguna discapacidad intelectual, emocional o física puedan formarse. Se trata de adaptar los espacios que ya existen y a los que acude la gran mayoría de la población, para que estas personas puedan construir su día a día, su educación y su vida. Es necesario que en Colombia se reconozca que hay personas diferentes funcionalmente y que son las barreras impuestas por un entorno inadecuado las que les genera su condición de disca

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