[N. del E.: Esta nota fue publicada originalmente por Mutante]

Esta semana, y justo en vísperas de conmemorarse el Día Nacional de la Memoria, al menos 350 indígenas embera katío y chamí, desplazados de sus territorios de origen, pasaron dos días y una noche en el parque Tercer Milenio en el centro de Bogotá. Según lo expresaron en varias declaraciones difundidas por redes sociales, a pesar del frío, durmieron y se concentraron en el espacio público con el objetivo de llamar la atención de autoridades distritales y nacionales, ante la situación de escasez alimentaria y ausencia de techo a la que se enfrentaban en medio de la cuarentena.

“El gobierno y los defensores del pueblo quedaron en que iban a cumplir y a esta fecha no han cumplido. Necesitamos alimentación y salud para nuestros niños. No nos han traído ni desayuno. El presidente dice que está ayudando a los más vulnerables y yo creo que no es así porque entonces las instituciones deberían estar acá desde por la mañana”, dijo el miércoles 8 de abril, Claudia Patricia Queragama Pepe, integrante del pueblo embera katío.

Su voz representa a cerca de 120 familias desplazadas de los departamentos de Chocó y Risaralda. De acuerdo con su testimonio, desde que inició la emergencia sanitaria y social por el coronavirus, venían sosteniendo reuniones con instituciones como la Subdirección de Asuntos Étnicos del Distrito y la Unidad de Atención y Reparación Integral para las Víctimas (Uariv), quienes habían adquirido una serie de compromisos, hasta entonces incumplidos, para mitigar los efectos del aislamiento social y de la imposibilidad de acceder a un sustento diario. 

Fue solo después de la presión que ejercieron los y las indígenas que, en la noche de ese mismo día, la Alta Consejería para las Víctimas y el Distrito Capital se comprometieron a garantizar techo y alimentación para todas las familias en protesta; al menos así lo resumieron los funcionarios de estas entidades en un video registrado por una periodista del pueblo misak. “A partir del próximo martes empezarán los giros de la Uariv a las familias registradas en esta institución. Son de $400.000 pesos, para que las familias merquen lo que quieran mercar”, explica Aureliano Arce Mamundia, embera y funcionario de la Secretaría de Gobierno de Bogotá.

Una de las personas que ha estado acompañándolos, miembro del colectivo que gestiona la campaña de donaciones humanitarias para esta comunidad indígena en Bogotá, cuenta que “desde el 2 de abril empezaron a sacar a las familias de sus cuartos; ellos viven de las artesanías y como no pueden salir a venderlas, se están quedando sin dinero para pagar la vivienda y comer”. También nos señala una situación importante sobre la que justifican la petición de un albergue permanente: “se han hecho retornos a los resguardos, pero en ellos se ha presentado como constante el incumplimiento de unas garantías mínimas en su territorio: llegan a pasar hambre, a tierras que no pueden trabajar: por eso es que retornan a la ciudad”. 

El coronavirus levantó el tapete sobre el que Colombia ha ido escondiendo sus desigualdades, de ahí que lo ocurrido con el pueblo embera es tan solo una alerta más del estado de cosas irresueltas en materia de derechos humanos. 

Foto: Martina Jiménez

Durante la cuarentena, ¿quién vela por el bienestar de los pueblos indígenas?

Lo primero por controlar y detener era la emergencia de salud pública. Así que el Ministerio de Salud expidió, el 25 de marzo, una serie de lineamientos para la prevención, detección y manejo de los casos de coronavirus en población étnica. En el documento se recomienda a las comunidades, sin distinción entre indígenas, afro, o rom, “seguir las indicaciones generales estipuladas por el Ministerio de Salud y Protección Social sobre los cuidados personales y los entornos de aislamiento por causa del Coronavirus (Covid-19)”. Y añade que para los grupos étnicos las recomendaciones son: permanecer en sus territorios, limitar el ingreso de personas ajenas, limitar el desarrollo de actividades comunitarias, integrar acciones que promuevan la identificación de casos sospechosos de Covid-19 y reportar inmediatamente estos casos, definir rutas de provisión alimentaria e implementar medidas de limpieza como lavado de cara y manos. 

En Mutante quisimos conocer si existía un monitoreo efectivo de lo que está ocurriendo al interior de los pueblos indígenas por parte de las instituciones del gobierno nacional y de cara a la protección de su salud. Varias fuentes nos dijeron que hasta el momento solo existe como referencia el documento del Ministerio de Salud. En cambio, algunos de los integrantes de nuestra audiencia, quienes trabajan con los pueblos indígenas desde diferentes oficios, manifestaron su preocupación porque estas recomendaciones no vienen acompañadas de presupuesto y con una ruta clara de implementación o, como dice el reportero y fotógrafo Ramón Campos, “por la ausencia misma de planes de seguridad; un vacío que los pueblos indígenas han resuelto con sus propias medidas de autoprotección”. 

Las disposiciones institucionales se reducen entonces a los lineamientos expedidos por el Ministerio de Salud, que resultan insuficientes si consideramos algunas variables en el contexto de las comunidades indígenas. Por ejemplo, según el último Censo Nacional de Población y Vivienda, mientras que el 96.3% de la población nacional cuenta con servicios de energía eléctrica en sus viviendas, solo el 66% de los hogares indígenas los tienen. Y, en el caso de los servicios de acueducto, el total de la población nacional que cuenta con ellos es del 86.4%, en cambio en los hogares indígenas este porcentaje se reduce al 41.4%. Además, el 79% de población indígena no vive en las cabeceras municipales, por esta razón la capacidad de seguir los lineamientos generales para la prevención, el manejo del aislamiento domiciliario y el acceso a información institucional, —sin mencionar la detección de casos de contagio— no es la misma para comunidades indígenas que para el resto de la población. 

Entretanto, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) puso en marcha su propio Sistema de Monitoreo Territorial. Integrando información de organizaciones indígenas de todo el país, emiten boletines de riesgo sanitario, humanitario, territorial y ambiental; el fin de este ejercicio es optimizar la toma de decisiones en los pueblos indígenas durante la crisis global por el coronavirus.

El último de estos boletines, expedido el 10 de abril, alerta sobre el riesgo que corren 189.360 familias indígenas por su cercanía con centros poblados donde hay casos confirmados. Informa sobre cuatro casos de indígenas contagiados  —dos en la comunidad yukpa, en la frontera con Venezuela, y dos en la comunidad pasto, en la frontera con Ecuador— y un caso más en observación, de un menor de edad del pueblo eperara siapidara que falleció en Popayán el 7 de abril y cuya muerte fue atendida con el protocolo de manejo del virus. 

Por todo lo anterior, la ONIC también redactó su propio documento a manera de plan de contingencia, donde prefieren no mencionar la enfermedad y más bien hacer un llamado a “volver al origen”. “Queremos que nuestras comunidades vean el aislamiento como algo positivo para compartir con nuestras familias […]. Es un llamado al despertar de la consciencia, a ser más humanos y a tejer relación con la Madre Naturaleza”, dice el texto.  

Igualmente, da indicaciones sobre la prevención desde seis ejes principales: articulación del Sistema Indígena de Salud Propia e Intercultural (SISPI) —reconocido oficialmente por el gobierno colombiano desde marzo de 2018— a la contingencia del coronavirus; fortalecimiento de la organización política y el control territorial; garantías de soberanía y autonomía alimentaria; fortalecimiento de procesos espirituales y ancestrales; manejo y uso de plantas medicinales; y el empleo y fomento de círculos de la palabra al interior de la familia. 

Ante el riesgo inminente, las comunidades indígenas se autoprotegen

Así como la Onic expidió sus propios lineamientos, alrededor del país muchas comunidades indígenas asumieron su propia protección. “A través de resoluciones de las autoridades tradicionales sacamos nuestros mandatos comunitarios, para proteger a nuestro territorio y a nuestras comunidades. Nos vimos en la obligación de hacer nuestro propio control social territorial”, cuenta Alberto Chicangana, del Resguardo Yanacona de Rioblanco, en Sotará, Cauca. 

Tuvimos contacto directo con miembros de los pueblos yanacona, uitoto, puinave y kankuamo, quienes nos relataron la decisión tomada en sus resguardos de prohibir la entrada y salida de personas y vehículos. Por medio de nuestra audiencia, en Mutante supimos que lo mismo está ocurriendo en los resguardos del Valle de Sibundoy, en Putumayo; también en los cuatro resguardos de la comunidad embera chamí de Riosucio, Caldas y en el resguardo de los pastos en Ipiales, Nariño. 

“La guardia indígena de varios pueblos del Cauca ha realizado retenes y controla el acceso y salida de diversos sectores. Esto con el fin de armonizar estos lugares y evitar que quienes los habitan como su lugar de vacaciones lleguen a los territorios sin las debidas precauciones y prevenciones. En cada puesto de control hay sahumerios con plantas frescas, lavan los carros con hipoclorito y piden a las personas pasar sus zapatos por cal. Todos los insumos, hasta el momento, los entrega el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), los mismos resguardos o la Asociación Indígena del Cauca (AIC)”, nos dice @tanis.fdz en Instagram. Este sincretismo que nos relata ella, entre medidas ancestrales y medidas institucionales, es común a varias de las comunidades con las que pudimos conversar. 

Foto: Martina Jiménez

Alfonso Talco Arias, del Resguardo Indígena Kankuamo de Valledupar, explica que en su comunidad tienen “el deber de tributar por los daños y las cosas malas. Hemos hecho armonizaciones y recolectas de materiales tradicionales para pagarle a esos padres que hoy se están manifestando de esta manera —se refiere al virus—. Y, por el lado occidental, tenemos control de Guardia Indígena en las entradas al resguardo. Estamos desinfectando carros con hipoclorito y jabón y personas con jabón y antibacterial y haciendo pedagogía en el puesto de salud y en las comunidades”.

Estos resguardos también han adoptado, en consonancia con los lineamientos de la ONIC, medidas para fortalecer la soberanía y autonomía alimentaria; por este motivo, el trabajo en las chagras, huertas familiares en las que se cultivan varios alimentos, y en las fincas se mantiene. Mientras que actividades comunitarias y fiestas cesan, el trabajo de siembra continúa. A través del intercambio interno de productos han logrado subsistir sin necesidad de tener mayor contacto con personas por fuera de los resguardos. 

Desde la precariedad, combatir al virus y a sus consecuencias 

Hasta el momento, no hay casos registrados en ninguna de las comunidades que contactamos. Pero ¿qué va a pasar si el Covid-19 alcanza a estas comunidades? 

Las alertas ya están sonando. En un documento del 8 de abril, la Confederación Indígena Tayrona declara a todo el territorio arhuaco en emergencia sanitaria, económica, social, cultural y ecológica y señalan que: “las poblaciones indígenas son más vulnerables al contagio debido a determinantes sociales de la salud de nuestras comunidades, por el difícil acceso geográfico a las comunidades, la ausencia de equipos requeridos para el manejo del Covid-19 en nuestros territorios, y la falta de agua potable”. 

Humberto Monje, representante legal del Resguardo Ticoya de Puerto Nariño, denuncia en una carta dirigida al Viceministro del Interior, que el hospital de este municipio no cuenta con un plan de contingencia frente al Covid-19. Tampoco tiene insumos, equipos ni personal médico suficiente. Por su parte, la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca también hace un llamado de auxilio a las instituciones pues, tal como lo narran, “durante las dos semanas de aislamiento obligatorio hemos venido resistiendo en principio del deber  humanitario, pero ya se agotó nuestro esfuerzo principal que es la fuente de la sustentación alimentaria familiar”. 

Es el mismo caso del emblemático pueblo Wayúu, que es la comunidad indígena más numerosa en el país y representa el 41.9% de la población del departamento de la Guajira, según estadísticas del DANE. Ellos están atravesando una sequía que se ha prolongado por meses y que les impide tener agua y poder sembrar. Por demás, la cuarentena ha eliminado el flujo de turistas que les garantiza un ingreso para poder alimentarse. Por eso han recurrido a las vías de hecho y se han tomado las carreteras del departamento para armar unos peajes a través de los cuales recaudan pequeñas sumas de dinero.

Foto: Martina Jiménez

La situación es dramática y se complejiza aún más en comunidades que no tienen la posibilidad de estar en sus resguardos. Algunas porque no tienen, otras porque han sido desplazadas y otras porque en su retorno no han encontrado futuro, así que la ciudad se les convierte en refugio: es el caso de los pueblos quillacinga en Pasto y embera en Bogotá. 

Mientras que las comunidades que tienen la posibilidad de ejercer autoridad propia, dentro de territorios colectivos, pueden cerrarlos y garantizar el sostenimiento de la comunidad internamente, aquellas que no tienen tierras deben subsistir con ingresos propios. “Desde el Cabildo Mayor nos han recomendado que no salgamos, pero a veces tenemos que salir porque tenemos que conseguir ayuda para las familias más vulnerables” dice Pilar Botina, miembro del Cabildo Menor Quillacinga de Jongovito, que depende del Cabildo Mayor de Obonuco, y a quienes el Estado aún no les ha aprobado su solicitud para constituirse en un resguardo. 

El coronavirus resalta la inequidad de las comunidades indígenas, entre ellas mismas y en comparación con el resto de la población. Jairo Montañez, wayúu y consejero de la Mesa Indígena de Víctimas en Bogotá, explica que “para muchos pueblos indígenas las enfermedades son desequilibrios espirituales que se reflejan en el cuerpo. Estar lejos de nuestros resguardos significa no tener los insumos ni los espacios para desarrollar nuestros ejercicios de medicina propia”. Ante la inoperancia del gobierno, los pueblos sin tierras o alejados de sus resguardos se exponen más y deben soportar los embates del virus sin las garantías constitucionales de protección de la diversidad étnica y cultural y el respeto a su autodeterminación.

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