A pesar de que en casi todo el mundo, y en muchos países de Latinoamérica, está prohibido utilizar esta fibra cancerígena, Colombia sigue extrayendo, procesando y vendiendo productos con asbesto.
El 23 de noviembre de 2017, mientras intervenía en una audiencia pública convocada por la Comisión Séptima del Senado, Juan Pablo Ramos extrajo de su maletín dos barras oscuras y alargadas que tan sólo un mecánico habría podido identificar a primera vista. Ramos, profesor de ingeniería ambiental en la Universidad de los Andes y Ph.D de Johns Hopkins, explicó al público que aquellas láminas eran dos juegos de frenos para carro, producidos por Incolbest S.A.
—Senador, —dijo Ramos, dirigiéndose directamente al expresidente Álvaro Uribe Vélez—, le traje los productos. No solamente le traje los productos, Senador, sino que los productos que le traje son distribuidos por la industria del asbesto colombiana.
La voz y el tono de Ramos, uno de los académicos colombianos más respetados en su área, no eran los de un científico que presenta cifras y evidencia de manera desapasionada. Más que desconcertado, el profesor se mostraba indignado ante el hecho de que empresas como Incolbest en el sector automotriz, o Eternit en el de la construcción, no solo utilicen asbesto en la fabricación de sus productos, sino que posteriormente los comercialicen sin alertar a los consumidores sobre los riesgos de esa fibra.
Sentada a unos pasos de Uribe, la Senadora conservadora Nadia Blel Scaff también seguía con interés la intervención de Ramos. Blel es la ponente del proyecto de ley número 61 de 2017, también conocido como Ley Ana Cecilia Niño —en honor a una de las víctimas mortales del asbesto en Colombia.
Aunque la Ley todavía tiene un camino largo e incierto que recorrer en el Congreso, la Senadora Blel podía darse por satisfecha. Tras once años de intentos infructuosos, por primera vez un proyecto que busca prohibir el asbesto en el país había superado exitosamente el debate inicial en el Senado. Adicionalmente, la intervención del profesor Ramos había causado el impacto deseado entre la audiencia, compuesta principalmente por familiares de víctimas, activistas de organizaciones de la sociedad civil, estudiantes y profesores universitarios. En el sector opuesto del auditorio se agrupaban lobistas, representantes de gremios y algunos expertos cercanos a empresas que usan el asbesto en su producción.
Luego de escuchar todas las ponencias del día, el senador Uribe tomó finalmente la palabra. Buena parte de su intervención giró en torno a los trabajadores de la única mina de asbesto blanco (también conocido como crisotilo) en Colombia, ubicada en el municipio antioqueño de Campamento. Dicha mina, propiedad de la empresa Brisas de Colombia S.A.S., explota asbesto en volúmenes suficientes para abastecer el 40 % de la demanda nacional, y podría ser clausurada si la Ley Ana Cecilia Niño es finalmente aprobada en el Congreso.
— […] Me veo en la obligación de dejar un testimonio por el municipio de Campamento, Antioquia —dijo entonces Uribe—. Yo me sentiría muy mal aquí, siendo de esa región y guardando silencio. Creo que allá está la única mina [de asbesto]. Aquí lo dijo el viceministro de empleo y pensiones del Ministerio de Trabajo [Fredys Miguel Socarrás]: es la fuente, no de empleo, sino de supervivencia de ese municipio.
Aunque Uribe nunca anunció su voto negativo al proyecto de la Senadora Blel, sí dejó entrever que la Ley Ana Cecilia Niño le parecía redundante pues el Gobierno Nacional contaba con otros mecanismos para prohibir el asbesto.
—Yo le pregunto al Gobierno —señaló Uribe—, ¿por qué no lo han prohibido? ¿Por qué necesitan la ley? La legislación colombiana hoy es suficiente para que un gobierno llegue a la conclusión de que, si allí hay un grave riesgo para la salud pública, entonces tome decisiones.
Pese a que varios intervinientes enfatizaron que la Ley Ana Cecilia Niño era indispensable para proteger la salud pública de los colombianos, al levantarse la audiencia la pregunta de Uribe seguía en el aire. En efecto, si desde hace décadas sabemos que el asbesto es tan peligroso, ¿por qué el Gobierno y el Congreso no han hecho nada para prohibirlo?
El asbesto es una fibra compuesta por seis minerales microparticulados cuyas propiedades industriales son explotadas en la fabricación de más de tres mil productos, entre los que se cuentan frenos de carros, cemento, tuberías, tejas, trajes de bomberos, cobijas, y hasta pijamas para niños. La versatilidad del asbesto es asombrosa. Fuera de ser un efectivo aislante térmico y acústico, es anti-inflamable, resistente a la fricción y a los cambios de pH. Es un material ideal a los ojos de la industria. Es el material perfecto.
Sin embargo, pocos materiales industriales son tan peligrosos como el asbesto. La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo clasifica dentro del grupo de agentes carcinógenos(Grupo 1) y estima que causa cerca de la mitad de las muertes por cáncer ocupacional en el mundo. Actualmente hay aproximadamente 125 millones de personas expuestas al asbesto en sus lugares de trabajo, de las cuales mueren anualmente cerca de 107.000 por cáncer de pulmón, mesotelioma (un tipo de cáncer de la cavidad pleural y peritoneal) y asbestosis (una forma de fibrosis pulmonar).
Las víctimas del asbesto son, por lo general, masas anónimas de personas que nunca pudieron establecer un vínculo entre su enfermedad y la exposición a la fibra. Pero en ocasiones las víctimas del asbesto cobran identidad y acuden a los estrados judiciales. Así ha ocurrido con las demandas interpuestas por antiguos trabajadores y residentes de zonas donde operan plantas industriales que utilizan asbesto en su producción. Por ejemplo, en 2009 la Fiscalía italiana acusó penalmente a dos antiguos gerentes de plantas Eternit (que pertenece a la compañía Belga Etex y que existe también en Colombia) en el norte del país por la muerte de más de dos mil personas que durante tres décadas (1960-1980) estuvieron expuestas al asbesto. En 2012 una Corte halló culpables a los gerentes de Eternit y los condenó a dieciséis años de cárcel. A partir de ese punto se inició un enrevesado proceso de apelaciones que ha llegado hasta la Corte Suprema y la Corte Constitucional italianas, las cuales todavía no han emitido un fallo definitivo.
Muchas víctimas del asbesto en Colombia también han señalado nexos con plantas de Eternit Colombiana S.A, una empresa que actualmente provee más de 50.000 empleos directos e indirectos y cuenta con fábricas en Bogotá, Barranquilla y Yumbo. Ana Cecilia Niño, una periodista que murió en 2017 con 42 años por causa de un mesotelioma pulmonar relacionado con la exposición al asbesto, es el caso insignia de las llamadas “víctimas de Eternit”. En un artículo publicado en 2015 por El Espectador, Ana Cecilia relató lo siguiente sobre su primera visita al consultorio del médico que le trató su cáncer: “Yo recordé que vivimos en el barrio Pablo Neruda. Fueron 17 años cerca de la planta de Eternit, al lado de su relleno de material inservible, conviviendo con los vecinos que trabajaban en la planta”.
Ese mismo artículo recoge los casos de varios extrabajadores de Eternit que han muerto o sufren de enfermedades vinculadas al asbesto. A diferencia de lo que ha ocurrido en países como Italia, en Colombia las Cortes todavía no se han pronunciado sobre los cientos, o tal vez miles de casos de personas afectadas por el asbesto. Sin embargo, es muy probable que tarde o temprano los jueces colombianos terminen emitiendo fallos sobre daños asociados al asbesto, especialmente si se tiene en cuenta que esta fibra es un enemigo silencioso y paciente: luego de la exposición puede pasar un periodo de latencia hasta de cuarenta años, antes de que se manifieste una patología grave.
La historia de la construcción en Colombia ha estado estrechamente vinculada a Eternit. Como lo resume la propia página web de la empresa, “desde su fundación [en 1942], Eternit ha cubierto más de 300 millones de metros cuadrados con sus tejas, ha servido a un millón y medio de viviendas con sus tanques y ha extendido cerca de 40 000 km de tubería de acueducto y alcantarillado por el territorio nacional”.
En Colombia, una parte importante de la vivienda familiar de bajos recursos tiene tejas Eternit hechas con asbesto. Según expertos como el profesor Ramos, uno de cada dos colombianos vive o ha vivido en una vivienda con techos fabricados con asbesto. Sin embargo, debe aclararse que la presencia casi ubicua del asbesto en las casas de familias pobres no solo se debe a la masificación de los productos Eternit. También desde el Estado se viene incentivando el uso del asbesto para el desarrollo de planes de vivienda de interés social (VIS) y vivienda de interés prioritario (VIP), los cuales son considerados por la misma Constitución Política (art. 51) como esenciales para que los colombianos de menos recursos tengan derecho a la vivienda digna.
Afirmar que las tejas Eternit contienen una cantidad alta de asbesto no es una exageración. Según la Agencia de Protección Ambiental Estadounidense (EPA, por sus siglas en inglés), cualquier producto cuya composición de asbesto sea superior al 1 % es riesgoso y debe ser retirado del mercado. Las tejas onduladas que Eternit produce y comercializa en Colombia contienen entre un 7 y un 10 % de asbesto (crisotilo), como se explicita en la ficha técnica de ese producto que aparece en el sitio web de Eternit.
La relación entre asbesto y construcción de vivienda de VIS y VIP fue documentada por la Clínica de Medio Ambiente y Salud Pública (MASP) de la facultad de derecho de la Universidad de Los Andes. En un informe publicado conjuntamente con Greenpeace, la clínica MASP mostró cómo en algunos de los pliegos de condiciones que se utilizan para las licitaciones públicas de vivienda VIS y VIP se exige la utilización de materiales con asbesto. Algunos de los casos descritos por la clínica MASP son los siguientes:
Los hallazgos de la Clínica MASP son especialmente relevantes si se tiene en cuenta que la construcción de vivienda VIP y VIS ha sido, y seguirá siendo, uno de los puntos neurálgicos de la política nacional y local. En el campo de batalla de la vivienda social los políticos se disputan muchos activos electorales y económicos. Así ocurrió en 2014, cuando la alcaldía de Gustavo Petro promovió la construcción de viviendas de interés prioritario en sectores de altos ingresos de la capital. Como era apenas esperable, el para entonces vicepresidente Germán Vargas Lleras, un político que ha apostado buena parte de su capital y prestigio en la construcción de vivienda VIP y VIS, rechazó el plan de vivienda de Petro. En el gobierno de Juan Manuel Santos se prometieron entregar 450.000 casas de este tipo, de las cuales –al 31 de diciembre de 2017– faltan 90.000.
Es previsible que los planes de construcción de vivienda VIP y VIS sean parte esencial de la política social del próximo Gobierno, independientemente de la orientación ideológica del presidente de turno. Frente a ese escenario, cabe preguntarse si las viviendas VIP y VIS seguirán siendo “casas de asbesto”, o si los colombianos más pobres podrán dormir bajo techos libres de una fibra cancerígena. Por ahora, el único candidato que ha hablado abiertamente del tema es Gustavo Petro, quien afirmó que modificaría techos de asbesto por páneles solares.
La presencia de un producto tan peligroso como el asbesto en la vida diaria de millones de ciudadanos ha llevado a que muchos países del mundo, entre ellos varios latinoamericanos, hayan decidido prohibir esta fibra. Chile, Uruguay y Argentina prohibieron el uso y comercialización de asbesto en el año 2002 y 2003. Después lo hizo Honduras en el 2004, seguido de República Dominicana en 2005, Perú en 2011 y Brasil, quien prohibió el uso del asbesto a finales de noviembre del 2017.
Sin embargo, los retos operativos y regulatorios que enfrenta la prohibición del asbesto son gigantescos. Vale la pena recordar que luego de la prohibición total del asbesto en 1993, a las autoridades alemanas les tomó casi trece años remover esta fibra del Palacio de la República, un ícono arquitectónico de la antigua República Democrática Alemana (RDA) que finalmente fue demolido en 2003. Puede decirse que aún para un país tan desarrollado y con tanta capacidad institucional como Alemania, desterrar completamente el asbesto de sus fábricas, casas y espacios públicos es un objetivo de política pública todavía por alcanzar. En 2013, por ejemplo, el Parlamento alemán publicó un informe en el que se muestra que, pese a la prohibición, la exposición ocupacional al asbesto sigue ocurriendo en fábricas y otros espacios laborales, lo cual produce aproximadamente 1.500 muertes anuales en ese país. Si esto ha pasado en Alemania, podrían afirmar los escépticos, lo más probable es que cualquier Ley que prohíba el asbesto en Colombia termine entrando al cementerio de normas que nunca pudieron implementarse.
Quienes concibieron la Ley Ana Cecilia Niño sabían que cualquier política pública que establezca una prohibición tajante del asbesto, sin atender a las dificultades de implementación o sin incorporar metas realistas, está destinada a fracasar. Aquí la palabra clave pareciera ser “gradualismo”. En efecto, la norma prevé un periodo de adecuación para que las empresas que utilizan asbesto en su producción hagan una transición ordenada y gradual hacia tecnologías menos peligrosas para la salud pública. No se trata de dejar sin empleos, de un día para otro, a miles de personas que en sus trabajos se exponen constantemente al asbesto –por ejemplo en la Mina de Campamento o en las fábricas de Eternit y de Incolbest- ni de demoler casas humildes construidas con tejas de asbesto. Lo que pretende la Ley es generar un marco normativo para que un número amplio de autoridades estatales tomen medidas graduales encaminadas a mitigar los efectos más nocivos del asbesto sobre la población. Así mismo, la Ley Ana Cecilia Niño propone un punto de partida para que el gobierno colombiano reconozca que el asbesto es un producto peligroso cuyo producción y uso debe empezar a limitarse.
Tener una Colombia libre de asbesto es un proyecto de largo plazo que no se agota con la expedición de la Ley Ana Cecilia Niño. Hará falta mucha imaginación legislativa, regulatoria y judicial para limitar el impacto del asbesto en la salud de los colombianos. Pero sin esta Ley es prácticamente imposible empezar a pensar en un país que ofrezca a sus ciudadanos, sobre todo a los más humildes, techos y espacios laborales que no constituyan una amenaza constante para sus vidas.
*Daniela García Aguirre. Abogada e ingeniera ambiental coordinadora de la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública (MASP) de la Universidad de los Andes.
*Everaldo Lamprea. Profesor asociado de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y Director de MASP.
**Las opiniones expresadas en este artículo no comprometen a la Universidad de los Andes.
