El pasado 2 de noviembre, en el marco de Celebración del 20° Aniversario de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un panel de expertos internacionales discutió los desafíos para garantizar y proteger la libertad de expresión y los derechos humanos de Internet.
En el panel, que se llevó a cabo en la Universidad de los Andes, participaron Gustavo Gómez, (Director Ejecutivo de OBSERVACOM), Eduardo Bertoni (ex Relator, Argentina), Luis Fernando García (R3D: Red de Defensa de Derechos Digitales, México), Ana Lucía Lenis (Google, Colombia), y, fue moderado por Agustina del Campo (Centro de Estudios de Libertad de Expresion y Acceso a la Información-ELE, Argentina).
Este evento fue organizado por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y el Centro de Estudios de la Libertad de Expresión y Acceso a la Información CELE de la Universidad Palermo de Argentina.
El reto es establecer con claridad quién puede eliminar el contenido de Internet, cuál es el procedimiento a seguir y bajo qué casos pueden hacerlo
1. Derecho al olvido
Uno de los temas que se debate en la actualidad es la definición del rol que tienen los buscadores como Google y los medios de comunicación en la puesta en práctica del derecho al olvido. Este derecho, que sentó sus bases gracias a un fallo de la Corte Constitucional, abrió la posibilidad de remover contenido de la red si se demuestra que la información afecta la honra o el buen nombre de una persona.
Mientras que, en Colombia, la jurisprudencia establece que le corresponde a la página web eliminar o actualizar con nuevos hechos y datos esta información (tales como los portales de los medios de comunicación), en la jurisprudencia europea se establece que quien debe eliminar la información son los motores de búsqueda.
Más que una conquista en materia de privacidad se ha considerado una afectación a la neutralidad de la red en la medida que ante una solicitud, portales de medios de comunicación u otras páginas no deben eliminar la información, sino que complementarla, lo que afectaría la neutralidad de la red.
Extender la interpretación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en nuestra región, y que no solo sean las páginas que produjeron el contenido, sino Google u otros motores de búsqueda, quienes tengan la obligación de eliminar la información de un asesino que cumplió su condena o un político corrupto que quedó libre por falta de pruebas, es claramente una amenaza a la libertad de expresión y al acceso a la información.
2. El reto de la visibilidad
El tema del acceso de la información se debe redefinir, porque el reto ya no es producir contenidos (ya todo el mundo lo puede hacer), sino visibilizarlos en un entorno en donde la saturación y el rol de los intermediarios, puede limitar el acceso a los contenidos disponibles.
Por una parte, los que prestan el servicio en América Latina están lejos de considerase tecnología democratizadora, por baja penetración, precio y calidad. Por otra parte, el ordenamiento de la información y los algoritmos que definen contenido de los buscadores como Google pueden distorsionar la realidad.
Es necesario incentivar la transparencia sobre cómo funcionan estos algoritmos y cuáles son los mecanismos que determinan el orden de aparición y acceso de la información. Esto cobra mayor importancia, para evitar fenómenos como las cámaras eco (ejemplo del NO en Colombia, en donde el contenido de redes sociales y los buscadores respondía a las creencias e ideológicas de los usuarios, y limitaban las apariciones de contenido contrario).
3. Censura de contenido
La ausencia de reglas sobre cómo y quién puede eliminar los contenidos que se encuentran en línea, es considerado uno de los mayores atentados contra el derecho de la información. Ya no se trata de derecho al olvido, sino de todo tipo de información que, por diversos intereses particulares o sesgos políticos, se trate de eliminar de este entorno digital.
Aunque las razones por las cuales los motores de búsqueda y otros intermediarios como Facebook, Youtube o medios digitales, eliminan contenidos son variadas (fallos judiciales, derechos de autor, privacidad, veracidad, y en algunos casos, cualquier información que pueda afectar intereses particulares), es importante establecer los límites para evitar el abuso de esta potestad.
El reto es establecer con claridad quién puede eliminar el contenido de Internet, cuál es el procedimiento a seguir y bajo qué casos pueden hacerlo.
* Maria José Castaño D. es abogada de la Universidad de los Andes y Consultora de comunicaciones estratégicas y Digital Content en Dattis Comunicaciones . En la actualidad cursa su Maestría de Periodismo en la Universidad de los Andes. Sus textos han sido publicados en Portafolio, El Espectador y Las2Orillas.
