La noche del 18 de octubre de 2019 hombres del Ejército y algunos individuos vestidos de civil borraron un mural que retrataba los rostros de cinco altos mandos militares. Aquel mural no estaba terminado para el momento en que lo cubrieron. Tampoco ha terminado de pronunciarse la justicia sobre los alcances de la libertad de expresión artística en el espacio público. Pero pronto habrá un pronunciamiento de la Corte Constitucional al respecto.

Paradójicamente, aquel mural censurado es hoy una imagen bastante conocida. Con el acto de pintar de blanco ese muro sobre la calle 80 con carrera 30, la imagen de los cinco militares (Juan Carlos Barrera, Adolfo León Hernández, Mario Montoya Uribe, Nicacio de Jesús Martínez y Marcos Evangelista Pinto; unos activos, otros retirados, pero todos con investigaciones abiertas por casos de ejecuciones extrajudiciales entre 2000 y 2010) se hizo viral en redes sociales. Con la etiqueta #EjércitoCensuraMural decenas de cuentas compartieron fotos del hecho. Los días siguientes, la imagen censurada circuló bajo una misma premisa: “Este es el mural que no quieren que vean”. 

También se divulgó un video de 20 segundos que hace un paneo de 360 grados en donde se ve al hombre que termina de tapar de blanco los rostros de los militares. Se ve a 10 hombres presenciando el hecho, por lo menos ocho de los cuales son uniformados y se ve una patrulla del Ejército estacionada al borde de la vía con las luces encendidas. Al final del video se ve a un policía en el fondo de la escena. Con ese video en particular, no cabe duda de quiénes son los responsables de la censura del mural: un grupo de militares y unos pocos civiles sin identificación. 

Así nació la #CampañaPorLaVerdad, una iniciativa de más de 380 organizaciones sociales que agrupa asociaciones de víctimas del Estado, oenegés de Derechos Humanos y grupos de abogados que representan a estas víctimas. Entre esas organizaciones está el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), al que pertenece Luz Marina Bernal Parra, madre de Fair Leonardo Porras Bernal, quien, con 26 años, desapareció en Soacha en el 2007 y fue encontrado en una fosa común en Ocaña, Norte de Santander, a inicios del 2008. Había sido reportado como dado de baja en combate por la Brigada 15 del Ejército, recibió trece impactos de bala. Fair tenía una discapacidad mental y era uno de los 16 jóvenes de Soacha que fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales en aquella época.

“El mural surge porque cómo más íbamos a presionar a Montoya y los demás militares implicados dentro de esta responsabilidad de crímenes de Estado”, dice Luz Marina. “Queríamos preguntar sobre la responsabilidad de Nicacio Martínez, del general Montoya y de los otros militares”.

El general retirado Mario Montoya se sometió en octubre de 2018 a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), donde entregó una versión voluntaria en febrero de 2020 por el caso de ejecuciones extrajudiciales, caso en el que ha sido mencionado como responsable varias veces por otros comparecientes en esa jurisdicción. El excomandante del Ejército, Nicacio Martínez, abandonó el cargo en diciembre de 2019 luego de varios escándalos en las Fuerzas Armadas bajo su comandancia y también cuenta con investigaciones en la Fiscalía por irregularidades en pagos y procedimientos en donde se habría dado de baja a civiles que fueron presentados como bajas en combate, como lo registraron Human Rights Watch y Associated Press.

Una tutela absurda

A finales de octubre de 2019, los generales Marcos Evangelista Pinto y Mario Montoya, ambos retratados en el mural censurado, presentaron una tutela contra el Movice reclamando que se les había afectado el derecho al buen nombre, a la honra, a la dignidad, a la presunción de inocencia, al debido proceso y a la defensa. Sin embargo, una jueza del Juzgado 79 Penal Municipal de Garantías la consideró improcedente con el argumento de que los generales no pidieron en primera medida al Movice que rectificara la información que divulgaba el mural. 

Al conocerse la tutela, en un comunicado, el Movice aseguró que lo que decía el mural es verdad: “Es verdad que entre 2000 y 2010 se han documentado en Colombia 5.763 ejecuciones extrajudiciales […]. Es verdad que los militares que aparecen en el mural eran los altos mandos de la época. Es verdad que bajo su comandancia ocurrieron estos hechos, los cuales están respaldados en expedientes judiciales”, por lo tanto “no atenta contra el buen nombre, la honra o ningún derecho fundamental del General Pinto, del General (r) Montoya, ni los demás mencionados”.

Sin embargo, el 25 de febrero de 2020, otro juez, esta vez del Juzgado 13 Civil del Circuito de Bogotá, falló a favor de la tutela presentada por Evangelista Pinto y le ordenó al Movice que en un lapso de 48 horas borrara la imagen de “murales, redes sociales, y medios de comunicación hablados o escritos”. El 28 de febrero, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) presentó una solicitud de nulidad de este fallo al considerar que “la decisión del Juez 13 Civil del Circuito es imposible de cumplir porque retirar la imagen de todas las redes sociales y medios de comunicación tras haber sido difundida de forma masiva excede la capacidad del Movice”, según el pronunciamiento.

El 18 de septiembre de 2020 la Sala de Selección eligió el proceso para revisión de la Corte Constitucional. Desde el 5 de octubre pasó a despacho del magistrado Antonio José Lizarazo. Y se espera una decisión al respecto para abril o mayo de este año.

La censura sigue

La censura del mural que borró el Ejército se hizo viral y la imagen con la pregunta “¿Quién dio la orden?” pasó a estamparse en camisetas, gorras y hasta tapabocas. Después, la Campaña por la Verdad volvió a hacer otro mural. El 30 de septiembre de 2020 pusieron una nueva imagen cerca a la sede de la Jurisdicción Especial para la Paz, ya no con cinco sino doce rostros de mandos militares que son investigados por la JEP en el caso 03: “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”.

Pocos minutos después, dos hombres en moto de placas OAN-88E y vestidos de civil preguntaron por los nombres de quienes lo habían instalado. Uno de ellos, además, intentó quitar parte del mural y tomó fotografías; pero no hicieron nada más. El 5 de octubre siguiente, el mural estaba pintado de negro.

“Mi pregunta es ¿por qué?, ¿a qué le temen?, ¿a la verdad?, ¿al señalamiento de la responsabilidad que cada uno de los militares tiene por cumplir unas órdenes que salen de presidencia y luego las firma un ministro de Defensa? ¿Cuál es el miedo realmente?”, dice Luz Marina Bernal.

El 2 de diciembre de 2020, varias organizaciones de víctimas, entre ellas las Madres de Falsos Positivos (Mafapo) y el Movice, radicaron una tutela ante la JEP solicitando que el general en retiro Mario Montoya sea expulsado de esa justicia por no aportar verdad ni reconocer ninguna responsabilidad. Ese mismo día instalaron nuevamente un tercer mural, que sería eliminado con pintura negra pocos días después. Luego sería intervenido con carteles de la Campaña por la Verdad en forma de tres cruces. El 16 de diciembre de 2020, la JEP rechazó la solicitud de las víctimas.

Con el auto de la JEP, expedido el pasado 18 de febrero, en donde revela que por lo menos 6.402 personas fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales entre el 2002 y el 2008, primeros seis años de la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, la magnitud de la victimización ejercida por fuerzas del Estado, y que estos murales denuncian, adquiere unas dimensiones que se acercan mucho más a los reclamos que las asociaciones de víctimas vienen haciendo, por lo menos en lo que a cifras respecta. “La cifra revelada y el aumento de la misma habla (sic) de la generalización y sistematicidad de estos crímenes de Estado, factor que, a su vez, es un elemento para calificarlos como de lesa humanidad”, dice Movice en un reciente pronunciamiento.

“Estos murales para ellos son un estigma”, dice Luz Marina tratando de encontrar otra explicación a tanta censura. Pero en seguida se expresa firme sobre la intención que tienen estos murales para ella: “nosotros como víctimas tenemos que mostrar al país, y al mundo entero, quiénes son los responsables de todas estas masacres; entonces cada vez tenemos que agregar un militar más. Este mural va a crecer hasta que quede totalmente el amarillo en negro por todos los rostros de  militares responsables de crímenes cometidos en el país”.

Es el miedo a la calle

En una entrevista de hace varios años, el filósofo y semiólogo colombiano Armando Silva Téllez dijo que “el grafiti contemporáneo no tiene que ver con las pintas ni con las paredes ni con el espacio, sino con la escritura de lo prohibido y la confrontación con el poder”. Sin embargo, esa tesis parece quedarse en parte obsoleta si se echa un vistazo a las redes sociales de hoy. Los memes son grafitis digitales en los que perfectamente se hace una denuncia de lo prohibido y se confronta constantemente al poder. 

“La virtualidad es un maravilloso lugar, nos comunica, sirve para muchas cosas pero en el fondo es una trampa para la libertad de expresión porque no tiene ese impacto que tiene lo real de poner algo en la calle”, dice Lucas Ospina, artista y docente universitario, a quien a finales de septiembre de 2019 le censuraron un mural en el Colombo Americano que hacía parte de la programación del 45 Salón Nacional de Artistas. “Es el miedo a la calle, esa es mi lectura de por qué se tapan estos murales”.

La gratuidad del mural, su libre acceso y su carácter visual, son los elementos en los que reside su poder. Y el arte le añade a ese valor comunicativo cuando se trata de mensajes que tocan las fibras de una sociedad marcada por la violencia. 

“En el 2009, Patricia Ariza nos abrió las puertas del Teatro de la Candelaria para empezar a trabajar y elaborar nuestro dolor, nuestra tristeza, nuestra catarsis por medio del arte”, dice Luz Marina Bernal Parra. “Para nosotros lo que es el teatro, la pintura, el grafiti, el bordado, los documentales, las películas, son fundamentales. Nuestro mural se creó con la finalidad de que no solamente los extranjeros sino los colombianos que tienen pleno desconocimiento se enteren de lo que hemos tenido que vivir en este país”.

Esta labor de denuncia hace parte de la misión de colectivos de artistas como Dexpierte que suma ya un poco más de una década recurriendo al espacio público y al arte urbano como medio y espacio para retratar la memoria de una Colombia con miles de desaparecidos y víctimas del Estado que buscan justicia, voz y rostro.

“Nosotros empezamos con el stencil en espacio público poniendo rostros de desaparecidos y víctimas de crímenes de Estado, rostros como el de Nicolás Neira, Miguel Ángel Díaz (desaparecido de la Unión Patriótica), de Jaime Pardo Leal, Jaime Garzón, Carlos Augusto Rodríguez Vera (administrador de la cafetería del Palacio de Justicia). También el caso de Ana Fabricia Córdoba, líder asesinada en el 2011, y que tuvimos la oportunidad de pintarla en Medellín”, cuenta el colectivo Dexpierte. 

Algunos de sus murales, cuya finalidad última es la construcción de memoria, han sido vandalizados por grupos de ultraderecha, según ellos han podido comprobar.

Ejemplos de construcción de memoria y de denuncia a través de murales sobran en el mundo. Basta ver los crudos murales de Belfast y Derry en Irlanda del Norte, las conmemoraciones en los restos del muro de Berlín o las intervenciones en el muro de la Franja de Gaza y el muro en la frontera entre México y Estados Unidos.

“Los ejercicios de memoria siempre están cargados de más cosas, de discursos, de resistencias, de luchas, de denuncias, la memoria sirve para todo eso”, dice el colectivo Dexpierte. “Y la memoria en sí, de entrada, ya es problemática, porque todos tenemos distintas memorias, y todos recordamos lo que queremos recordar. Con estos muros, de alguna manera, hablamos de disputas de la memoria con aquellas personas que no están de acuerdo, que se sienten agredidas, aludidas además, y lo entendemos, pero no porque lo entendamos lo dejamos así, sino precisamente porque lo entendemos lo volvemos a recalcar y lo volvemos a pintar”.

La conjura de lo público

Es en las disputas de la expresión y la memoria en donde la censura termina por tramitarse. “La censura también forma parte de las obras”, dice Lucas Ospina. “Es una lectura tal vez arbitraria, tal vez brutal, tal vez afanada de un funcionario medio, tal vez hipócrita, morronga, pero en todo caso es una lectura. No hay que ver la censura solo como un acto externo que no tiene nada que ver con la obra”.

Dirimir estas discusiones sobre el discurso público a nivel de lo que es constitucional y lo que no, atraviesa unas tensiones entre derechos que no se han resuelto en la justicia colombiana. “Por eso yo creo que la regulación del Código de Policía es problemática y sería hasta inconstitucional porque decir que se admiten los grafitis pero solo donde la policía considere que se pueden hacer es una forma estructural de limitar el derecho de la libertad de expresión en la manifestación del arte urbano, porque dónde se hace también es parte del mensaje”, dice Ana Bejarano Ricaurte, profesora de la Facultad de Derecho de Los Andes. Y concluye: “Si empezamos a designar sitios especiales para poder tocar ciertos temas de manera crítica es lo mismo que si lo hiciéramos en el discurso público. Cuando limitamos así el discurso y las manifestaciones personales de la libertad de expresión, ahí hay problemas serios de constitucionalidad”.

Ahora bien, el artículo 20 de la Constitución de 1991, que prohíbe la censura en Colombia, no tiene el alcance relativo a lo artístico que sí presentan otras normas internacionales. Por ejemplo, el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969, dicta que “toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.

Que la Corte Constitucional finalmente se pronuncie sobre la libertad de expresión en el contexto del arte urbano y pondere las tensiones entre la libertad de expresión artística y la propiedad privada significará un cambio radical en la manera en que desde el poder y el Estado se enfrentan a una discusión pública que, en esencia, es crítica. Y esta es una discusión para la que el país se tendrá que preparar más pronto que tarde.

*Esta historia fue producida en el módulo de Libertad de Expresión, de la clase Teoría del Periodismo, a cargo del profesor Pedro Vaca, en la Maestría en Periodismo del CEPER, de la Universidad de los Andes.