Tania Molina
Periodista con más de 16 años de experiencia, especializada en periodismo de investigación.
El 1 de mayo de 2018 los ciudadanos de República Dominicana recibieron la noticia de que el país cambiaba sus vínculos históricos con Taiwán para establecer relaciones diplomáticas con la República Popular China. Tras 70 años de apoyo técnico y económico de Taiwán, bajo la presidencia de Danilo Medina, del derechista-liberal Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el país caribeño se inclinaba por el régimen comunista del gigante asiático, un socio comercial del que en 2017 importó US$2,378.9 millones y al que sólo exportó US$85.7 millones, según cifras oficiales.
Seis meses después, el 1 de noviembre, el presidente Medina arribó a Beijing en la primera visita oficial de un jefe de Estado dominicano a esa nación. Regresó con una carpeta llena de acuerdos de cooperación y promesas de inversión en las áreas financiera, comercial, agrícola y de aeronavegación.
Pero antes de concretarse las promesas, el panorama diplomático dominicano volvió a dar un giro con el presidente Luis Abinader Corona, quien llegó al poder dos años y cuatro meses después, el 16 de agosto de 2020, en la boleta del Partido Revolucionario Moderno (PRM), una formación desprendida del otrora poderoso Partido Revolucionario Dominicano (PRD), de inclinación derechista y tendencia democrática.
La campaña electoral que llevó al poder a Abinader Corona tuvo a su favor los vientos diplomáticos de la gestión del republicano Donald Trump. El 11 de julio de 2019, cuando diversos grupos del país presionaban ante la posibilidad de que el entonces presidente Medina volviera a reformar la Constitución para buscar un tercer mandato de cuatro años, el gobierno estadounidense informó de una llamada del secretario de Estado Mike Pompeo al jefe de Estado dominicano.
El Departamento de Estado informó que Pompeo conversó con Medina, “sobre la importancia de que todos los actores políticos en la República Dominicana preserven las instituciones democráticas y respeten el Estado de Derecho y la Constitución, particularmente en el período previo a las elecciones del 2020”. Tras los resultados electorales, pese a la pandemia de la COVID-19, Pompeo visitó el país para la toma de posesión de Abinader Corona.
El mandatario expresó, durante una entrevista que concedió el 30 de octubre al Centro Wilson, de Estados Unidos: “Si China quiere invertir en áreas no estratégicas del Gobierno dominicano es bienvenida su inversión, pero
la decisión del Gobierno dominicano es tener una alianza estratégica con los Estados Unidos”. Abundó que a la nación asiática le están vedadas inversiones en áreas estratégicas, como puertos, aeropuertos y telecomunicaciones.
También adelantó que su gobierno evalúa el traslado de la embajada dominicana en Israel desde Tel Aviv a Jerusalén, siguiendo los pasos que recorrió Estados Unidos en 2018 como parte de un prolongado conflicto diplomático que incluso desencadenó hechos violentos con pérdida de vidas en Medio Oriente. En el período de transición, su equipo también marcó distancia con los bloques de corrientes de izquierda en Latinoamérica, como el Foro de Sao Paulo.
Promover políticas y procurar alianzas estratégicas con Estados Unidos entra en una de las características que definen a los sectores de derecha en República Dominicana, reflexiona Juan Miguel Pérez Vargas, profesor de Sociología de la estatal Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
No obstante, más que un tema de siglas partidistas, el perfil político de la derecha dominicana se configura en torno a la incidencia de grupos de poder sobre la visión de Nación, la relación del Estado con los individuos y la interacción de los distintos segmentos socioeconómicos del país.
El sociólogo Wilfredo Lozano plantea que las posiciones de derecha, en una síntesis apretada, se traducen en rechazo o reservas frente a la participación igualitaria de los ciudadanos en la vida política, en tanto sujetos de derecho; resistencia a las propuestas de reformas o cambios sociales, que apunten a una igualitaria distribución del producto social, y “serias observaciones o abiertos rechazos” a la idea de una sociedad democrática sostenida en derechos.
Desde el ajusticiamiento del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina, el 30 de mayo de 1961, la etapa política democrática que vive República Dominicana y que tuvo un período represivo con los 12 años de gobierno de Joaquín Balaguer –entre 1966 y 1978– observa una difuminación permanente de las ideologías, debido a que los partidos políticos se asocian coyunturalmente entre sí o se afilian a organizaciones internacionales sin importar que sean de derecha o de izquierda.
El catedrático Juan Miguel Pérez Vargas, vinculado a sectores socialistas locales, considera que en el país ya no se puede hablar de una derecha, sino “de derechas”, pues advierte distintas “sensibilidades ideológicas” que se manifiestan incluso dentro de las mismas organizaciones que conforman el sistema de partidos. “El problema es que todos los que están en actividad política hoy, excepto una ínfima minoría, de una manera u otra responden a criterios de derecha”.
“La izquierda dominicana fue sistemáticamente aniquilada en los años de setenta, incluso, en los ochenta, cuando todavía quedaba una organización popular fuerte. Lo que hicieron fue barrer en abril de 1984, y entonces se quedó la izquierda como mecanismo de organización de la gente, pero no con vocación de poder”.
Pérez Vargas se refiere a la denominada “Poblada de 1984”. El gobierno del entonces presidente Salvador Jorge Blanco (del ala del PRD que ahora se ubica en el PRM y que estuvo vinculado a la Internacional Socialista) reprimió con violencia las manifestaciones de los sectores que protestaban contra un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Las cifras oficiales contabilizaron 125 muertos entre los días del 23 al 25 de abril de ese año.
Aunque considera que en la actualidad no existen claramente las fronteras que en la década de 1980 colocaban en escenarios distintos al pensamiento liberal y al conservador, el docente de la UASD plantea una clasificación de las sensibilidades de derecha. La primera,
“una derecha nacionalista o extrema”, tiene como bandera el repudio constante a la inmigración haitiana, básicamente, y está muy apegada a lo religioso y a la ley y el orden que se imponen bajo la fuerza represiva.
Le sigue “una derecha conservadora” que, si bien defiende los mismos temas que la anterior, se manifiesta en niveles menos virulentos. “Son personas con las que uno se puede sentar a conversar, que les dan cierto sentido humano a algunas temáticas”, dice Pérez Vargas. “Toleran las diferencias, pero no la integran con la reivindicación que exigen las minorías en el avance de sus conquistas”, añade.
Un tercer tipo es “una derecha liberal” de las élites económicas. Liberales que admiten la necesidad de igualdad entre mujeres y hombres, derechos de LGTBIQ, muestran tolerancia a la situación de los inmigrantes, respetan y, dentro de un plano ideológico y político, hasta se interesan por el tema de los desnacionalizados y los dominicanos de ascendencia haitiana. Sin embargo, en lo económico y político en particular, se decantan por el capitalismo puro, y consideran al Estado como un simple árbitro, más que un actor político, contrario a los preceptos democráticos que ven en el Estado a un garante, no solo de derechos en una sociedad desigual, sino de amparo de los humildes.
Temas bandera: nacionalismo
La socióloga y analista política Rosario Espinal, catedrática de Temple University, Filadelfia, identifica un conjunto de temas que definen a la derecha dominicana, y los agrupa en:
“Nacionalismo, xenofobia (en el caso dominicano con respecto, sobre todo, a los haitianos), racismo, patriarcalismo, machismo, en contra de derechos sexuales y reproductivos, anti-derechos LGTB, ley y orden (versus protección de los derechos humanos)”.
Advierte que en los últimos años se ha fortalecido el movimiento de derecha, sobre todo en temas relacionados con las mujeres y las minorías sexuales que hace 50 años no tenían tanta importancia en la sociedad dominicana. “Controlan la agenda política a través de la movilización ideológica desde el ultra-nacionalismo y las ideologías conservadoras de las iglesias que se enfocan en ideas en contra de los derechos sexuales y reproductivos”.
En el caso específico de la ultraderechista Fuerza Nacional Progresista (FNP) logró puestos de relevancia en los gobiernos del PLD en una alianza que le facilitó escaños en el Congreso. Su líder, Marino Vinicio (Vincho) Castillo, un reconocido abogado con incidencia en la política desde los tiempos de la dictadura, mantuvo por años un programa en televisión: La Respuesta, tribuna de sus ideas y posturas políticas. Vinicio Castillo Semán tiene una comunidad de más de 170 mil seguidores en Twitter, red en la que existe, incluso, una cuenta parodia de su persona.
La FNP se fundó en 1980 y se destacó como fuerza opositora al PRD y aliada al Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), de Joaquín Balaguer. A nivel internacional es parte de la Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA) y miembro de la Unión Internacional Demócrata (IDU). Con los años, otros actores del partido han migrado a las tendencias modernas del uso de las redes sociales, en las que figuras de esa organización, como Vinicio o Pelegrín Castillo Semán, hijos de Vincho Castillo, tienen un gran activismo.
Pelegrín Castillo reconoce que no tienen una estructura electoral fuerte, pero sí una minoría militante y fiel, que ha tenido una alta influencia a niveles políticos y de partidos. “Tenemos una agenda muy clara, defendemos la vida desde la concepción, la familia, la libertad religiosa, la identidad cristiana del pueblo dominicano, pero también hemos hecho planteamientos y logrado cosas que aquí la mayoría de los partidos ni siquiera se ha planteado”. Se refiere a temas como los espacios marítimos, soberanía energética y la minería, además de su tema bandera que es “la soberanía, la autodeterminación, la identidad e integridad territorial del país, más allá del tema haitiano”.
“Somos, sin duda, una fuerza conservadora, una fuerza tradicional que se va a los orígenes de la Patria. Somos también un partido que entiende la necesidad de que, para preservar la nación se necesitan hacer grandes transformaciones”, sostiene Pelegrín Castillo Semán, quien por 20 años fue legislador, gracias a la política de alianzas de su organización.
Quiebre ideológico y partidario
Al abordar la temática de las ideologías políticas, sociólogos e historiadores coinciden en la ausencia de una ideología sustantiva que separe a los partidos dominicanos que han gobernado durante las últimas décadas. Como referentes citan a los tres líderes políticos de los años 1960 y 1970, que sí mantuvieron posturas ideológicas definidas: Juan Bosch, Joaquín Balaguer y José Francisco Peña Gómez.
El historiador Clodoaldo Mateo, expresidente de la Academia de la Historia Dominicana, coincide con José del Castillo, miembro de esa entidad, en ver en Balaguer la figura política más coherente en cuanto a su pensamiento conservador y neotrujillista, en referencia a su gobierno represivo de 12 años (1966-1978). Mientras Bosch y Peña Gómez se representaban con el pensamiento liberal y la socialdemocracia, respectivamente.
Mateo recuerda que desde la dictadura de Trujillo el pensamiento político estuvo influenciado por el fascismo europeo y menciona a una representación de familias italianas que tienen incidencia en la economía del país y que representaron el pensamiento reaccionario y ultraconservador.
Señala que esas familias pasaron luego a conformar el partido Unión Cívica Nacional que, si bien se identificó por su antitrujillismo, fue actor principal del golpe de Estado al gobierno constitucionalista de Juan Bosch, ocurrido el 25 de septiembre de 1963.
“La Unión Cívica estuvo hermanada con las manifestaciones de reafirmación cristiana, o sea, con el alto clero que representaban las corrientes más arcaicas del catolicismo dominicano”, afirma Mateo.
Esa organización se une a Elías Wessin y Wessin, el militar que representó el mando derechista contrario a los constitucionalistas durante la Guerra de Abril de 1965, la gesta nacional que procuró la vuelta al constitucionalismo con la reposición del gobierno de Bosch.
Castillo, quien llegó a militar en la Unión Cívica, recuerda que el Partido Revolucionario Dominicano, del que Bosch era fundador, estuvo, a su vez, vinculado a las ideas de otros partidos revolucionarios de la época, como Acción Democrática, en Venezuela, o el Partido Revolucionario de Cuba.
“El punto más importante es que hoy se han desdibujado las fronteras (ideológicas) y eso se explica en la fluidez de mudanzas de esos `partidos bisagras` que han ido pasando de un polo al otro”, dice.
Paula Rodríguez, coordinadora de Proyectos de la Fundación Friedrich Ebert en República Dominicana, destaca un escenario político dominado por los mismos actores en las últimas cuatro décadas. “En los demás países surge una nueva derecha, pero en República Dominicana son los mismos actores de siempre; los clásicos, aunque se suman otros”, apunta.
Considera que en el país no existen partidos con ideologías firmes, pues advierte muchas contradicciones en los discursos, políticas y los actores. “Leonel que era de un partido de la Internacional Socialista y se mete a otro, con los reformistas, con actores ultraconservadores como la Fuerza Nacional Progresista. Se ve cómo realmente no existen fronteras claras entre discursos e ideologías, incluyendo en el partido de Gobierno (el PRM), que tiene una fuerza democrática pero que tiene que responder a esas cuotas de poder que tiene la iglesia”.
Tras la crisis político-electoral surgida en el país a raíz de las elecciones presidenciales de 1994, que llevaron a la firma del Pacto por la Democracia, el PLD arribó, dos años más tarde, a alianzas con el conservador PRSC y con la FNP, con las que creó la estructura que permitió el arribo al poder de Leonel Fernández.
Se sumó también a la alianza el Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), liderado por Elías Wessin Chávez, el hijo de Wessin y Wessin, que mantiene la línea de derecha extrema en esa organización. Al conjunto de fuerzas se le llamó Frente Patriótico, que frustró las posibilidades de ascenso al poder del líder de masas José Francisco Peña Gómez y sentó en una misma mesa a los rivales Joaquín Balaguer y Juan Bosch en un acto en el que el pragmatismo político en aras de administrar al Estado –y sus recursos– se impuso a los principios ideológicos.
Desde 1996 se multiplican en los procesos electorales las alianzas entre los partidos, sin importar ideologías. Otro ejemplo evidente ocurrió en 2016, cuando el Frente Amplio (FA), liderado por el dirigente de “izquierda” Fidel Santana, proveniente del Frente Amplio de Lucha Popular (Falpo), una organización a la que el Estado le confiere incluso un espíritu más que subversivo, se alió con el derechista rancio PQDC para crear un bloque legislativo en la Cámara de Diputados.
“Un elemento a considerar es la crisis de los partidos políticos que está íntimamente relacionada con la crisis de la democracia, y digo paradójicamente porque, cuando hablamos de crisis de partidos, o hay situación de desagregación o es por la emergencia de nuevos tipos de liderazgos”, plantea la socióloga y diplomática dominicana Laura Faxas.
En el caso dominicano, dice, la crisis se da por una fragmentación del sistema de partidos que, a su vez, está ligada a las rupturas y creación de tendencias de los grandes partidos, PRD-PRM-PLD, y a la emergencia de partidos a partir de financiamiento que hace el Estado a esas organizaciones.
Con la Ley 275-98, de la Junta Central Electoral, el reconocimiento de un partido se condiciona a que obtenga un 2% de los votos en la más reciente elección, requisito que se obvia en casos de que haya participado en una alianza o coalición. De esta manera, una formación de escasa representatividad puede conservar su vigencia y además recibe financiamiento estatal. “Entonces, tú tienes la creación de partidos a partir de ruptura en el interior de uno al otro,
o la creación de partidos que son una franquicia y que son una fuente de financiamiento muy personal o de un grupo muy restringido de personas”, dice Faxas.
El 18 de noviembre de 2017 un grupo de dominicanos de ascendencia haitiana empezó a congregarse en el Parque Independencia, lugar donde reposan los restos de los llamados Padres de la Patria. La convocatoria de parte del grupo denominado Reconoci.do, una minoría de ascendencia haitiana que reclama el reconocimiento de su nacionalidad dominicana, fue considerada por algunos sectores como una provocación al sentimiento patrio, y algunos decidieron ir a enfrentarlos.
Incidencia social
Los manifestantes, con tambores y bailes, fueron acordonados por fuerzas policiales que, además, permitieron la presencia de grupos denominados constitucionalistas y patrióticos que rechazaban el acto y lo tildaron de ilegal por supuestamente carecer de permiso. “Estamos aquí porque el presidente (Danilo) Medina no ha cumplido su palabra. La Ley 169-14 no ha restituido la nacionalidad de los miles y miles que deberían ser beneficiados”, explicaba la activista principal de Reconoci.do, Ana María Belique.
“Necesitamos que ellos sean los que se vayan de ahí, porque ellos son los que están invadiendo nuestro territorio”, comentaba una mujer que se oponía a la manifestación y alegaba que los que ahí estaban no eran dominicanos, por ser hijos de indocumentados.
Dos días después, el periódico Diario Libre expresó: “Fue una provocación que desnuda las intenciones últimas de la lucha que libra ese colectivo en reclamo de derechos en nuestro país”. Ese mismo medio recogía las declaraciones de Pedro Brache, entonces presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), mayor gremio empresarial dominicano, en las que decía: “La demostración hecha por nacionales haitianos en el Parque Independencia no debió permitirse. Si no pueden respetar nuestros símbolos patrios, deben entonces volver a su país”.
El Listín Diario, de línea dura contra la migración haitiana, editorializó en su edición del 21 de noviembre de 2017 que ningún dominicano auténtico sería capaz de “propiciar algún acto afrentoso contra los símbolos patrios…”.
En el origen de aquellos hechos estaba la sentencia TC/168-13, dictada en 2013 por el Tribunal Constitucional, presidido por el perredeísta Milton Ray Guevara, que despoja de la nacionalidad dominicana a todos los hijos de extranjeros nacidos en suelo dominicano desde 1929.
Previo a la reforma de 2010, impulsada por el entonces presidente Leonel Fernández (PLD), la Constitución dominicana concedía la nacionalidad a “todas las personas que nacieren en el territorio de la República, con excepción de los hijos legítimos de los extranjeros residentes en el país en representación diplomática o los que estén en tránsito”.
Según reconoció entonces la propia Junta Central Electoral, rectora del registro civil en el país, cuyo presidente de entonces, Roberto Rosario, se vincula a grupos ultranacionalistas, unas 55 mil personas fueron afectadas por la sentencia del TC y por una resolución del organismo que data de 2007 que ya restringía el acceso a las actas de nacimiento para las personas de ascendencia haitiana, nacidas en el país.
Para ese grupo se emitió en 2014 la Ley 169-2014, que establece un régimen especial para personas nacidas en el territorio nacional inscritas irregularmente en el registro civil dominicano y sobre naturalización. Esto, a la par del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros que mandara realizar la sentencia del TC.
En febrero de 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe en el que critica las violaciones a los derechos humanos generados por la sentencia del TC. “La Comisión estima que la sentencia TC/0168/2013 del Tribunal Constitucional llevó a una privación arbitraria de la nacionalidad para todas las personas sobre quienes extendió sus efectos. A su vez, la sentencia tuvo un efecto discriminatorio, dado que impactó principalmente a personas dominicanas de ascendencia haitiana; privandoles de su nacionalidad retroactivamente; y generando apatridia respecto de aquellas personas que no eran consideradas como nacionales suyas por ningún otro Estado”, dice el informe.
Sin embargo, ya en 2014, el TC había emitido la sentencia 256-14, sobre un recurso de inconstitucionalidad que interpuso un grupo de nacionalistas, encabezado por Pelegrín Castillo contra el Instrumento de Aceptación de la Competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, suscrito en febrero de 1999 por el entonces presidente de la República, Leonel Fernández. Por tanto, el informe de la CIDH fue ignorado.
Al analizar el éxito de los sectores nacionalistas en cuanto al posicionamiento del tema haitiano, Pérez Vargas destaca una estrategia que dice ser muy efectiva: el miedo, que tiene impacto, sobre todo, en la gente humilde. “El nacionalismo que se pregona hoy es excluyente, es un nacionalismo que explota los miedos de la clase trabajadora, y a los padecimientos de la clase trabajadora se les crean miedos como responsables. Entonces, ese miedo tiene que ser esencialmente a lo extranjero y hay una exacerbación de todo lo que es lo nacional”.
El discurso de la nacionalización de los puestos de trabajo es apoyado en la idea de que la migración haitiana despoja al dominicano de oportunidades laborales, también de que el presupuesto para la salud se destina a la atención de los haitianos, sobre todo de parturientas.
En ocasiones, el discurso puede ser más desmedido. En 2018, en redes sociales, principalmente WhatsApp, y varios medios de comunicación, se difundió la falsa denuncia de un supuesto envenenamiento del sistema de distribución de agua potable en pueblos de la región sur del país. Uno de los mensajes, indicaba que los haitianos preparaban un golpe o atentado contra el país, una temática recurrente en los grupos nacionalistas que también muestran videos manipulados de supuestos soldados intentando entrar en grupos a territorio dominicano, o cifras abultadas de personas asesinadas a manos de inmigrantes haitianos.
La información del envenenamiento, y el temor generado en la población obligó al Ministerio de Salud Pública a ordenar una investigación del acueducto de las zonas referidas, determinando que se trataba de una información falsa y que el agua “es apta para el consumo humano”.
Otro tema recurrente de la derecha, posesionado entre las promesas y el miedo, es el de la estabilidad nacional, basada en la preservación de la paz y la conservación de las tradicionales instituciones. Ocurrió cuando en los años 70 Joaquín Balaguer presentaba al país el perfil de una izquierda que ponía en peligro la paz y el desarrollo del pueblo dominicano, mientras sus leales militares y policías marcaban un hilo de sangre que buscaba desarticular una juventud progresista opositora.
Religión y derechos
La incidencia de la ideología de la derecha conservadora en República Dominicana también ha pulsado contra los aprestos por establecer la despenalización del aborto en tres causales excepcionales, una demanda de grupos que defienden los derechos de las mujeres.
Las iglesias, principales opositoras de esta excepcionalidad, bajo alegato de que se debe preservar la vida desde el momento de la concepción como se estableció en la Constitución de 2010, ha logrado articular a su favor el voto de la mayoría congresual.
El Código Penal Dominicano, que data de 1844, penaliza la interrupción del embarazo en sus artículos del 107 al 110, en los que se establecen penas de uno a dos años de prisión menor para quienes se practiquen a ayuden a practicar un aborto. Para los profesionales de la salud, como médicos o enfermeras, esas penas son de cuatro a diez años.
Así quedó establecida en la modificación que se realizó en 2014 a varios artículos del Código Penal, los cuales fueron previamente vetados por el entonces presidente de la República, Danilo Medina. Su veto se justificó en el tema del aborto, a fin de que los legisladores especifiquen las excepciones que deben prevalecer en caso de penalizar la interrupción del embarazo, tales como los casos en que en la vida de la madre corre peligro, cuando ha sido víctima de violación o incesto, o cuando el feto tenga malformaciones incompatibles con la vida.
La Iglesia católica, que para entonces tenía establecido en una oficina en el Palacio Nacional al sacerdote Manuel Ruiz, enlace con el Poder Ejecutivo, la emprendió contra Medina. Mientras, las convocatorias a protestas en favor de la vida en los alrededores del Congreso fueron más constantes e iniciaron desde entonces la práctica de las iglesias de realizar listas de candidatos a cargos electivos que entienden son los de “más valores” y otra de los que –a su consideración– no se les puede votar.
Con su influencia religiosa sorprendió Leonel Fernández cuando, durante la campaña política interna del ahora opositor PLD, en medio de un discurso en agosto de 2019, proclamó: “Yo me considero ser amante de Dios y lo soy por el enigma de la vida y por el misterio de la muerte y sabemos que más allá de esta vida hay una vida eterna que se conquista actuando bien en esta vida”.
Fernández, que cuando fue presidente llegó a vetar el Código Penal a fin de que se incluyeran las excepciones al castigo del aborto, y expresó su apoyo a Danilo Medina cuando le tocó el turno, flexibilizaba su postura en octubre de 2019, cuando declaró: “Yo lo que creo es que eso no debe impedir la aprobación del Código. Que se apruebe el Código como está y el tema de las causales será un tema del Tribunal Constitucional como ha sido en España”.
Más sorpresivo fue el caso del congresista Pedro Catrain, vinculado con movimientos de izquierda y grupos de la sociedad civil y que en 2014 figuró en un grupo de personalidades que se comprometían como padrinos del colectivo de lesbianas, gays, transgéneros y bisexuales (LGTB) de cara a la caravana del orgullo gay de julio.
Su postura tomó un giro, durante la campaña política en la que Catrain se presentó como candidato a senador por la costera provincia Samaná, al norte del país, cuando se publicó un acuerdo al que se adhirió con su firma. “Me comprometo ante Dios y todas las iglesias evangélicas y católica, que, a partir del 16 de agosto 2020, cuando sea el próximo senador (…) a no levantar mis manos a favor de ningún proyecto que atente la modificación de nuestra Constitución promulgada el 26 de enero 2010, en contra de la palabra de Dios, los valores y la familia, para favorecer al grupo denominado LGTB, en relación al matrimonio del mismo sexo y a favor del aborto”, establecía.
Dentro del aparato de gobierno, el conservadurismo religioso encuentra otros exponentes de gran incidencia. Tal es el caso de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, quien llegó a la boleta del PRM desde la estructura empresarial y religiosa que sostiene a la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).
Fundada por la iglesia católica en 1962, la PUCMM tiene en su Junta de Directores a cuatro religiosos y unos 17 empresarios. Raquel Peña fue vicerrectora de Administración y Finanzas de la universidad, previo a su designación a principios de 2020 como compañera de boleta de Abinader Corona. “Sin antes haber una consulta a los especialistas de todas las esferas sociales es imposible que pueda estar de acuerdo con el aborto en las tres causales”, dijo mientras enfatizaba su autodefinición como pro vida, durante una entrevista en la que se le cuestionó si apoyaría las tres causales.
Durante el proceso de campaña, el ahora presidente de la República Luis Abinader, declaró: “Nuestro partido tiene una posición en relación con las causales, que nosotros entendemos que debemos apoyar esas causales. En términos generales somos un partido tolerante, con que cada quien tenga sus inclinaciones (referente a la comunidad LGTB)”.
Sin embargo, el mismo 16 de agosto, mientras asumía en el Congreso como diputado por el PRM y presidente de la Cámara de Diputados, el congresista Alfredo Pacheco anunció que someterían el Código Penal a discusión sin el tema del aborto. “Las causales las vamos a someter como una nueva ley y ahí no hubo consenso como es normal, pero nosotros nos proponemos en los próximos cien días, dotar al país de esta legislación”, dijo.
Mano dura
La política de mano dura o ley y orden para hacer frente al delito también vincula a las tendencias de derecha dominicana, heredera de una práctica de la dictadura de Trujillo. Frases como el “tránquenlo y después preguntan” o “darle pa’ bajo”, con las que en las fuerzas militares y policiales se conoce la práctica de detener a personas sin cumplir las disposiciones mínimas de derechos humanos, o, lo que es peor, las ejecuciones extrajudiciales, colocan a República Dominicana en la lista de países donde se irrespetan los derechos humanos.
“Los temas de los derechos humanos incluyeron informes sobre asesinatos arbitrarios o ilegales por parte de las fuerzas de seguridad del Gobierno; actos de torturas cometidos por policías y otros agentes del Gobierno; detenciones arbitrarias; condiciones carcelarias duras y crueles que amenazan la vida misma (…)”, resumió la CIDH en su informe de 2018 sobre los derechos humanos en República Dominicana.
A pesar de que se trata de una práctica cuestionada, sectores conservadores la han promovido en sus discursos. En 2008, el entonces cardenal dominicano Nicolás de Jesús López Rodríguez sugirió a la Policía Nacional actuar “sin contemplaciones piadosas” en momentos en que esa institución era cuestionada por la muerte de varios civiles en manos de agentes policiales. También indicaba que los derechos de las personas que son víctimas de los delincuentes, “no están por debajo de los derechos de los victimarios”.
En su informe de 2018, la CIDH indica que el Gobierno dominicano dio ciertos pasos para castigar a los oficiales que cometieron abusos en contra de los derechos humanos denunciados, pero que hubo informes amplios sobre “la impunidad oficial y la corrupción, especialmente en aquellos casos donde estaban involucrados funcionarios de alto rango”.
Política impositiva
Para su afirmación cita un informe de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) sobre el Sistema Tributario Dominicano, actualizado al 2018. En éste se plantea que las recaudaciones de impuestos directos a la riqueza y al patrimonio en América Latina representan el 39.3 %, mientras que en los países más desarrollados (países OCDE) es de un 48.8 %. “En cambio, en República Dominicana en impuestos directos (a la riqueza y al patrimonio) ese porcentaje es de solo 33.6 %. Entonces, República Dominicana es campeona en cobrarles menos impuestos a los ricos”.
Y también se protege a los ricos de pagar sus impuestos. Un artículo publicado en septiembre de este 2020 por el periódico Diario Libre, bajo la firma del periodista Edwin Ruiz, titulado “Los consumidores: la gallina de los huevos de oro del fisco dominicano”, se plantea que en República Dominicana los pobres pagan más impuestos que los ricos.
En cuanto a las recaudaciones de impuestos indirectos, que gravan al consumo, cita que en América Latina el porcentaje de recaudación es de 60.7 %, y en los países OCDE es de 51.2 %, en cambio, en República Dominicana la proporción es de 66.4 %. “Entonces, República Dominicana es campeona en gravar más a los consumidores y en consecuencia a los hogares”, plantea Ruiz.
En enero de 2012, se aprobó la Ley 1-12 que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo. Dicha legislación en su artículo 36, consigna la necesidad de que las fuerzas políticas, económicas y sociales arriben a un pacto fiscal. Dicho pacto debe estar orientado a reducir la evasión fiscal, ii) elevar la calidad, eficiencia y transparencia del gasto público, iii) elevar la eficiencia, transparencia y equidad de la estructura tributaria
(…)”.
A la fecha no se ha logrado un consenso para la firma, aunque el nuevo gobierno lo ha declarado como tema de prioridad.
Una derecha influyente
“La derecha dominicana post trujillista ha tenido mucha influencia en la política nacional, pero no como actores políticos formalmente organizados en partidos, sino sobre todo como grupos de interés con gran influencia en la toma de decisiones en el Estado”, afirma el sociólogo Wilfredo Lozano. Así lo han hecho a través de organizaciones corporativas formales, como el Conep y la Iglesia católica en su alta jerarquía, o grupos informales de presión, como el llamado “Grupo de Santiago (empresarios de gran poder económico)”.
Salvo el caso de la Unión Cívica Nacional en el pasado, por lo general la derecha no ha tenido nunca una expresión política organizada propia con impacto de masas. “El caso de Balaguer como líder de derecha es distinto, pues fue un líder bonapartista que como conservador pactó siempre con la derecha, pero mantuvo su visión reformista del orden social y de la función del Estado”, dice Lozano.
Para Lozano, funcionario del gobierno de Abinader Corona, la derecha dominicana tuvo y mantiene una importancia determinante en la vida política del país. “Tan es así que puede decirse que hoy día el espectro político nacional en su conjunto está altamente influenciado por las derechas.
Plantea que los partidos, al tener que coexistir con el empuje de masas y con las crecientes demandas de participación social, “han tenido que moverse en un doble movimiento: asumir un cariz populista, lo que ha introducido una suerte de condicionamiento social en las fuerzas de derecha, y por otro, negociar permanentemente con los grupos de presión conservadores, lo que les ha obligado a hacer del
