Dentro del sinnúmero de medidas que los estados han inventado en medio de una pandemia mundial para la que no estaban preparados, llegó la proliferación de aplicaciones móviles con las que, en teoría, podrían hacer un seguimiento de los avances del virus en las sociedades. Solo en Colombia hay más de diez millones de descargas. La más conocida, CoronApp, ha sido blanco de muchas críticas, incluyendo la polémica de si un gobierno puede obligar, en los aeropuertos, por ejemplo, a descargar una aplicación en la que el usuario debe ceder datos personales. Pero CoronApp no es la única: en el país hay al menos diez aplicaciones distintas en las que los gobiernos han invertido con la intención de contener al virus.
Carolina Botero, directora de la Fundación Karisma, lleva un año extenso hablando de esas aplicaciones que a propósito de la emergencia en salud pública desplegaron los Gobiernos nacional y locales. En esta entrevista le consultamos sobre los mínimos efectos en la vigilancia epidemiológica de estas herramientas que se han convertido, según explica, en mecanismos de vigilancia policiva sin ninguna medición de impacto. El control y rastreo ciudadano, además de la captación de datos, son las más visibles falencias de las “vanguardias” tecnológicas en un país con una brecha digital enorme.
Esta coyuntura se aprovechó para lanzar apps que controlarían el contagio pero que hoy no dan pruebas ello. ¿Fue un saludo a la bandera?
Es difícil generalizar. La tecnología es un invento interesante que puede servir para reforzar el ejercicio de derechos humanos y que tiene como propósito la justicia social, la democratización, entre otras. El problema es que creamos que la tecnología por sí misma lo logra. Es solo una herramienta. En esta coyuntura, claro que podía usarse para vigilancia epidemiológica pero no debía convertirse en vigilancia sobre las personas. Una cosa es que quieran tener control sobre la enfermedad, otra distinta es que lo ejerzan sobre nosotros.
Todas las aplicaciones que salieron hace un año se presentaron precisamente como una forma de vigilancia epidemiológica, pero está claro que terminaron siendo una herramienta policiva. Con Coronapp, por ejemplo, lo que ocurrió es que quienes más la usaron fueron los empleadores para cumplir con requisitos de rastreos de contagios, como era el objetivo. Pero hay un montón de cosas que sabemos hoy que no sabíamos hace un año porque parte del proceso de la pandemia ha sido un ensayo y error, pero cuando se exagera es culpa del Estado. La mejor forma de enfrentar la epidemia es haciendo esa vigilancia, pero para nadie es un secreto que se volcó en una obligación de pedir y dar datos y para nadie quedaba claro para qué fines tienen esos datos y hasta los empleadores terminaron avasallados con tanta planilla. ¿Qué hacer con todos esos datos, al fin y al cabo?
¿Fue una captación y acumulación de datos sin propósito alguno?
Y sigue pasando en este momento con los aeropuertos. Sin mayor criterio, recogen un montón de datos. En contraste está el caso de Mi Vacuna, la más reciente aplicación que incluso por la forma del despliegue es diferente. Si se mira cómo desplegaron hace un año Coronapp y cualquiera de las otras aplicaciones para abordar un vuelo nacional fue con bombos y platillos como si eso fuera a ser la gran revolución. Casi el agua mágica que lo cura todo, tanto así que Coronapp prometía con ínfulas muy grandes “salvar vidas”. Se presentaron como la gran start up de tecnología innovadora con rastreo digital de contacto, pasaporte, en fin. Muy escandalosos. Pero Mi Vacuna es precisa. Dice que sirve para que la gente se asegure que está en la fila de la vacuna, ese es un propósito claro.
Por otro lado, Coronapp y demás aplicaciones están manejadas por el ejecutivo con un afán de tomar medidas ejecutivas. Pero si estamos haciendo vigilancia epidemiológica lo más importante es que esas aplicaciones estén conectadas con el sistema de salud, es decir, que tengan un efecto allí y la realidad es que ninguna la tiene al punto que hoy casi cualquiera de estas aplicaciones, reitero, se volvió en control policivo y todo lo demás menos benéfico para el sector salud, que está concentrado en lo que está y en ese momento no podían asumir esa responsabilidad tecnológica. Aunque lo único para lo que le sirvió al sector salud fue para captar datos como una de las capas de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila).
Hay errores en todas, y si por ejemplo pensamos en esta última, Mi Vacuna, cómo se responde por el efecto en la salud pública teniendo en cuenta la enorme brecha digital en Colombia. Entonces, al tiempo en que promueven este tipo de soluciones, deberían estar entregando siquiera un teléfono gratuito y ampliar las opciones para quienes no tienen conectividad.
Explíqueme un poco mejor eso de que las aplicaciones estén manejadas por el ejecutivo y sirvan para medidas ejecutivas.
La razón por la que se pueden tomar medidas extremas como obligar la gente a entregar datos y en la forma como se hizo con Coronapp es precisamente porque hay una epidemia y la excusa es combatirla. Tan no es así, que ni siquiera la pudieron hacer obligatoria. Todas sus resoluciones dicen que la app es voluntaria, pero en la práctica la hicieron obligatoria. Pero el portero del aeropuerto, o de un almacén, te deja o no entrar al aeropuerto o al almacén. En esas medidas extremas uno necesita estar seguro de la finalidad y como pasó con una app local, Medellín Me Cuida, para nadie fue claro que terminaría siendo un control institucional sobre las personas.
Por otro lado, yo me rehusé a entregar mis datos en un aeropuerto y como viajaba con mi esposo, el portero resolvió con los datos que él sí suministró y llenó al azar su planilla, ¿de qué sirve eso? Es como cuando tomaban datos para entrar al supermercado y nadie los quería dar porque no genera compromiso alguno esa promesa de vigilancia epidemiológica, a nadie llaman para prevenirse, y termina siendo una bobada. Y, si vamos más lejos, pensemos en la tardanza de un proceso como hacerse una prueba y recibir los resultados, que es eterno. Ese es un proceso en el que bien podrían invertir en tecnología.
En estas aplicaciones invierten recursos públicos, pero aún cuando estas no cumplen la finalidad que prometen, ¿qué tanta autonomía tienen los gobiernos en inversión tecnológica con tanta opacidad ante la ciudadanía?
Es una preocupación grande. Uno quiere que los gobiernos tengan la capacidad suficiente para enfrentar una pandemia como la que vivimos, pero estoy de acuerdo: hubo muchas voces advirtiendo que el gasto no estaba teniendo una medición. Uno entiende el afán y la urgencia en tomar decisiones, pero como mínimo la ciudadanía sí puede esperar algún informe de medición de impacto. Como que por lo menos las mismas app hubieran contado con un mecanismo de seguimiento para ver qué tan efectivo fue su desarrollo y comprobarlo en la práctica. Lo que vemos en cambio es cómo se está desmontando todo un protocolo de bioseguridad que fueron ridículos, sobre los que muchos nos manifestamos varias veces. Un poco la pregunta entonces es porqué, si se implementan las medidas, no se implementan con un mecanismo de seguimiento que así mismo permita desmontarlas. No conozco una sola de las aplicaciones que tenga un análisis de impactos de derechos, por ejemplo, y mucho menos una propuesta de autoevaluación.
El Gobierno Colombiano, sin embargo, no ha sido el único que ha intentado contrarrestar la crisis apoyándose en aplicaciones tecnológicas. ¿Ha comparado nuestro caso con el de otros países para encontrar fallas o virtudes?
Hay un montón de ejemplos de cosas que se hicieron mejor afuera en diferentes áreas. Muchos países de occidente (porque compararnos con Asia es equivocado, aunque salíamos también rajados) en su despliegue primero hicieron pruebas. Australia, Inglaterra, Francia, por ejemplo, antes de hacer un uso masivo primero probaron. He visto cómo varios de esos países, a estas alturas, han rendido cuentas de cuántas personas han identificado con el apoyo de las apps. En Colombia no tenemos un solo dato.
Por otro lado, una de las preocupaciones más grandes que se han verbalizado sobre las aplicaciones es sobre problemas de seguridad digital, es decir, la capacidad que tienen de robar todo lo que rastreen. Francia hizo unos ejercicios muy interesantes para comprobar la seguridad digital de su aplicación StopCOVID, así que en materia de despliegue hubo mejores prácticas. Las explicaciones sobre las aplicaciones también fueron más contundentes en otros lados y ahora el problema es que esto se volvió como el cuatro por mil, se nos quedaron ahí. La mayoría dicen que estarán en vigencia hasta que la epidemia continúe, y se supone que la emergencia la postergan cada vez más, y yo no estoy segura de si las aplicaciones desaparezcan con la epidemia. Sobre Medellín Me Cuida me han dicho que están seguros de que el alcalde ha dicho que se mantendrá, porque los paisas donaran sus datos sabiendo lo que es una buena medida.
¿Y cree que eventualmente estaríamos obligados a entregar nuestros datos? ¿El Estado tiene esa facultad plena con las herramientas digitales?
Esa es una de las grandes diferencias entre el sector público y el sector privado y es esa capacidad para obligarnos. Hay muchas cosas que suceden en los Estados a las que ya estamos obligados: tú no existes sin registro civil para bien o para mal, es decir, no tienes derecho a salud ni a educación sin este papel: es un derecho que te permite ejercer otros derechos.
Entonces con los Estados hay muchas cosas a las que no nos podemos negar y eso, sin duda, implica hacer un freno y pensar que para que el Estado llegue a ese grado con la captación de datos, precisamente, nos tiene que explicar por qué, con qué propósito o si, al menos, cumple con el test de derechos humanos: proporcionalidad, necesidad y debido proceso. Por ahora, los Estados están gestionando tecnologías sin mayor impacto en los derechos humanos y eso trae problemas que se verán con el tiempo. En suma, el Estado per se tiene facultades para obligarnos pero “a grandes poderes, grandes responsabilidades”. Y si ese poder que tiene no es discrecional, tiene que justificarlo porque se vuelve un Estado impositivo y autoritario. Un gobierno democrático llega a consensos y no es lo que estamos viendo en los estrados de tecnología.
Ahora, ¿cómo resolver esa disyuntiva de la brecha digital? Cuando los gobiernos implementan herramientas que excluyen a parte de la población y más en salud pública, ¿cómo lo interpreta? ¿Qué debe resolver primero un Gobierno?
La conectividad de la última milla se va a demorar y se va a demorar en todo el mundo. Países como Alemania o Estados Unidos tienen todavía una brecha digital importante así que no creo que sea posible pensar que debemos esperar a que esté todo el mundo conectado para implementar tecnología. De lo que sí estoy convencida es que mientras eso suceda, no se puede tener solamente soluciones digitales. Se tienen que plantear otras soluciones y publicitarlas a la par, no solo se puede publicitar la digital que ese sí es un grave error de Mi Vacuna. Si tienes una responsabilidad importante con ciertas poblaciones que incluso están priorizadas como los mayores de 80 años, donde también debe haber una brecha de apropiación digital, o con un habitante de calle que no tiene el mismo acceso, entonces no se puede pensar solo en una solución tecnológica.
Y tiene que haber, además, una coherencia política. En el caso de Coronapp, la estrategia de popularización fue regalar datos y uno diría que el mayor beneficio de usar esa tecnología iba a estar en las ciudades. En últimas, si se iba a ser un ensayo, tenía que ser más urbano que rural pero realmente la que merecía ese privilegio de recibir gigas gratis era la educación y educación regional. Hoy, si miramos los datos, el gran problema que tenemos en cobertura digital para educación es brutal, pero lo que hicieron fue pegarle a Coronapp contenido educativos, pero cuánto más no habría sido eficiente el acceso de los niños a contenidos educativos de calidad si el esfuerzo de que tengan acceso a zonas difíciles que no tienen capacidad de pago se hubiera hecho. Ahí hay un perjuicio grande porque todo un gobierno se puso en función de eso ignorando otros efectos negativos que no necesitaban ensayo ni siquiera.
Por otro lado, ¿qué riesgos hay con la descarga de estas aplicaciones de que haya una georeferenciación o rastreo específico?
En Coronapp parece que no les funcionó, hasta donde entendimos. Al instalarla se dan permisos pero aparentemente no lo implementaron porque eso es lo que nos han respondido a los derechos de petición que hemos hecho desde la Fundación Karisma. Hay dos momentos de uso de localización. En la función de rastreo digital de contactos, sabemos que cuando se instala la aplicación jala un dato al servidor central y funciona con Bluetooth, pero no es permanente, ellos afirman que no está activado, aunque sí hacen ensayos de los que no sabemos nada. En el caso de reporte de síntomas, la georeferenciación se hace solo cuando los usuarios hacen el reporte, eso se hace con GPS. Además, habría que tener en cuenta que las cifras indican que, al menos Coronapp, tuvo más de diez millones de descargas, pero las descargas no son lo mismo que los usuarios porque un usuario puede descargar más de una vez y una descarga puede no significar uso. El otro tema, es qué entienden por uso. en las cifras que nos dieron a noviembre decian que habia un millón ochocientos usuarios medidos como que abrieron la aplicación, eso no tiene sentido. Hay que decir que no tienen buenos datos de usos y la estadística de la propia aplicación es pobrísima.
Otras aplicaciones como Medellín Me Cuida, ni siquiera necesita georeferenciación porque ellos cruzan los datos con los recibos de las Empresas Públicas de Medellín – EPM y, como mínimo, saben la dirección en la que vives. El caso de Cali es brutal, ValleCorona tiene no sé cuántos permisos, incluido uno para Bluetooth de movimientos sensibles y si ese está activado, ellos pueden saber si te subiste a un carro o no o si te levantas de la cama, etc. El tema de Bogotá es que su alternativa es esencialmente web, Bogotá Cuidadora, y no tiene los alcances de las aplicaciones.
¿En suma, si cree que el Gobierno fracasó con la vigilancia epidemiológica a través de estas aplicaciones, qué alternativa nos queda?
Estamos en manos de las autoridades de salud y el problema de las aplicaciones, como Coronapp, es que las desarrollaron autoridades de tecnología, con algo adicional: el sistema de vigilancia epidemiológica en Colombia ha sido de abajo hacia arriba, es decir, el INS expide protocolos y políticas que abrigan las entidades territoriales y cada una, según recursos y capacidades, implementan y le envían los datos al INS. Así, de plano, Coronapp no iba a funcionar porque no se diseñó en ese orden, sino al revés: si tú quieres que algo funcione en el sistema de salud, debes convencer a los entes territoriales pero de arriba se los impusieron y como el Gobierno no tiene un sistema centralizado de salud, terminó imponiéndose donde quiso y en contravía a como debe funcionar una estrategia social. Y lo peor fue ver que como a los alcaldes y gobernadores esta app no les suministraba los datos, cada quien aprovechó la coyuntura para hacerlo a su manera y conveniencia.
